La cámara de diputados aprobó de manera unánime este jueves la solicitud de 70 parlamentarios que pidieron la conformación de una comisión que investigue la actuación de los distintos órganos del Estado en la polémica que rodea el anuncio de la instalación de “medidores inteligentes” con cargo a los clientes.

Con la conformación de la Comisión Investigadora, se va buscar establecer cuál es la responsabilidad del Ministerio de Energía, de la Comisión Nacional de Energía y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en este proceso de reemplazo de los medidores análogos.

La controversia se desató luego que se conociera que los nuevos aparatos serán de propiedad de las compañías eléctricas, pero serán pagados por los usuarios.

La instancia que se conformará en la cámara tendrá un plazo de 120 días para concretar la investigación.

Por su parte, la ministra de Energía, Susana Jiménez, anunció que el Gobierno está negociando un acuerdo con las empresas eléctricas para que compren los medidores de energía “antiguos” que serán reemplazados por nuevos aparatos inteligentes de aquí al año 2025, por un costo de mil millones de dólares con cargo al consumidor.

El anuncio se enmarca en las propuestas del Ejecutivo para compensar a los usuarios y reducir las cuentas de electricidad ante el recambio de medidores, que serán discutidas en una mesa de trabajo con las empresas, incluyendo medidas de alternativas tarifarias, aumentar la competencia en el sector de distribución y revisar la rentabilidad de las suministradoras.

La ministra Jiménez, detalló que empresas como Enel ya confirmaron su disposición para participar en esta instancia negociadora y evaluar las condiciones para una eventual compra de los medidores antiguos.