El obispo emérito Juan Barros, cuya renuncia fue aceptada por el papa Francisco en junio, declaró este miércoles por segunda vez ante la justicia como imputado por el supuesto encubrimiento de delitos sexuales contra menores que habría cometido un sacerdote en el seno de las Fuerzas Armadas.
En septiembre, Barros ya declaró en Santiago por este caso, que investiga supuestos abusos sexuales cometidos por el excapellán de las Fuerza Aérea de Chile (FACH) Pedro Quiroz, sumando una nueva causa a las denuncias por encubrimiento que lo afectan.
“He dado todos los antecedentes ante el señor fiscal y esperemos que con el favor de Dios todo se vaya aclarando”, señaló Barros tras declarar durante tres horas en el Juzgado de Rancagua.
Asimismo, expresó que existe “mucho dolor”, tras ser consultado sobre las víctimas de abuso.
El fiscal del caso, Sergio Moya, confirmó la versión del sacerdote.
“Dio una versión más pormenorizada de la que dio en Santiago, con muchos más detalles. Contestó todas las preguntas y descarta encubrimiento”, dijo Moya.
Barros es uno de los protagonistas de la tormenta por abusos sexuales que puso de cabeza al clero chileno. Durante su visita a Chile en enero pasado, el papa Francisco defendió al entonces obispo de la ciudad de Osorno de las acusaciones que recaían sobre él, pero tras una exhaustiva investigación canónica le retiró el apoyo.
Según víctimas, el sacerdote habría ocultado por décadas los abusos cometidos en los años 1980 y 1990 por Fernando Karadima, condenado por el Vaticano en 2011 y expulsado de la iglesia por Francisco en septiembre.
Hace dos semanas el equipo que lidera el fiscal Emiliano Arias se reunió con personal del FBI de los Estados Unidos en Santiago, donde coincidieron que el patrón para cometer delitos de connotación sexual de sacerdotes, con el correspondiente encubrimiento de la curia, es similar en ambos países.
Por lo anterior, y ante investigaciones que van más adelantadas, la Fiscalía de O’Higgins pidió colaboración a Australia y Canadá.
Apuntar que el fiscal Moya no escondió su preocupación por la lentitud de la Corte de Apelaciones de Rancagua en resolver un recurso que mantiene paralizada la causa por seis semanas, lo que les impide llevar la investigación a 13º Juzgado de Garantía de Santiago y solicitar medidas intrusivas como detenciones y allanamientos, por ejemplo.
También se confirmó que siguen pendientes y sin fecha los interrogatorios como presuntos imputados de encubrimiento de abusos sexuales para los cardenales Ricardo Ezzati y Francisco Javier Errázuriz.
Este último salió del G9, el grupo de porpurados que asesora al Papa Francisco. Según se dijo, había cumplido su ciclo.
Con más de un centenar de causas judiciales abiertas, obispos, sacerdotes y laicos de la iglesia local han desfilado en los últimos meses por los tribunales gracias a los antecedentes recabados durante allanamientos en edificios religiosos.
El momento más álgido de la investigación se produjo a principios de octubre, cuando el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, acudió al tribunal de Rancagua como imputado de encubrimiento de delito sexual de un estrecho colaborador.
Ezzati optó por guardar silencio ante la Fiscalía, pero aseguró que colaborará con la justicia siguiendo la línea del Vaticano, embarcado en una cruzada para limpiar a la Iglesia católica de pederastas.
