El Tribunal Constitucional escuchó este lunes los alegatos del recurso que mantiene suspendido el proceso de compra del 24% de la productora de litio SQM por parte de la minera china Tianqi, acordando entregar su veredicto el jueves. El presidente de la segunda sala del TC, hizo un llamado a no “manosear” la institucionalidad ante las críticas a Julio Ponce Lerou.

En el Tribunal Constitucional se desarrollaron los alegatos por el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que presentó Julio Ponce Lerou, para impedir que Tianqi concrete la compra del 24% de las acciones de Soquimich, tras un acuerdo al que llegó con la Fiscalía Nacional Económica y que fue validado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

La audiencia era crucial para el futuro de la operación de compra mediante la cual la canadiense Nutrien vendió el 24% de su participación en SQM -una de las principales productoras de litio- a la china Tianqi, otra de sus principales actores globales, por más de 4.000 millones de dólares.

Se esperaba que el TC fallara este lunes, pero por acuerdo unánime de los cinco jueces, “la causa quedó pendiente por razones procesales” hasta la sesión extraordinaria fijada para el jueves.

Por esta razón, “la suspensión del procedimiento que se sigue ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se entiende extendida hasta esa oportunidad”, indicó la resolución del TC.

El tribunal, cuyas resoluciones son inapelables, debe pronunciarse si admite o no el “requerimiento de inaplicabilidad” presentado por el Grupo Pampa, el controlador de SQM, para impugnar el acuerdo al que llegaron la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y Tianqi para la venta del paquete accionario y que fue visado por el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC).

El Grupo Pampa -compuesto por las sociedades Pampa Calichera, Potasios de Chile y Global Mining- alega que el procedimiento “no cumplió el debido proceso” y que la operación no promueve la libre competencia, “pues autoriza que un competidor participe en la propiedad y gestión de otro competidor directo, haciéndose de su información confidencial y económicamente sensible en el mercado del litio”.

Lo anterior, considerando que Tianqi es socia en Australia -en el proyecto Talison- con la estadounidense Albemarle, que compite con SQM en la explotación del litio en el Salar de Atacama, norte de Chile.

Ariel Marinkovic | Agencia UNO
Ariel Marinkovic | Agencia UNO

Piden no “manosear” la institucionalidad

El acuerdo fue alcanzado luego de que la FNE abrió en junio una investigación para determinar si la compra de Tianqi generaba daño a la libre competencia. En sus indagaciones, FNE concluyó que la transacción podía generar efectos anticompetitivos, por lo cual acordó con la minera china una serie de medidas para mitigar efectos negativos.

El abogado de Ponce Lerou, Sebastián Oddó, cuestionó que la Fiscalía haya apurado un acuerdo extrajudicial con Tianqi, sin escuchar a todas las partes, lo cual según el jurista afectó el debido proceso y los intereses de SQM.

“Por la prensa supimos que habían llegado a un acuerdo extrajudicial con la empresa Tianqi”, indicó el abogado.

Pero los argumentos del abogado de Pampa Calichera fueron rebatidos por Arturo Fermandois, quien en representación de la china Tianqi, alegó que Julio Ponce Lerou busca anular un acuerdo que es respaldado por el ente antimonopolios chileno y que además podría frustrar el acuerdo que Nutrien tiene con el estado indio.

“Es un contrato que cuenta con el apoyo de la Fiscalía Nacional Económica, y que cuenta con aprobación de gobiernos extranjeros que han puesto plazos y resulta que va a ser frustrado por una causa tan débil como esta”, reclamó.

Por su parte el abogado de Nutrien, dueña del 24% de las acciones que pretende comprar Tianqi, Cristóbal Eyzaguirre, acusó a Ponce Lerou de querer instrumentalizar al Tribunal Constitucional, para obligar a que India ordene la venta al mejor postor de las acciones de Nutrien.

“¿Para qué? ¿Por qué quiere impedirse la operación? El señor Julio Ponce no quiere contrapeso en SQM, quiere gobernar a su antojo, sin un accionista importante que lo fiscalice”, estimó.

Frente a esta afirmación, el presidente de la segunda sala del TC, Gonzalo García, pidió no “manosear” la institucional del Tribunal Constitucional, cuestión que debió aclarar el abogado de Pampa Calichera, Sebastián Oddó.

“A la institucionalidad no hay que “manosearla” desde el punto de vista de sus efectos, y eso es una cuestión que es muy significativa”, enfatizó García.