La Superintendencia de Medio Ambiente detectó ayer lunes emisiones de dióxido de azufre provenientes de Codelco Ventanas, que motivaron la cancelación de las faenas de la cuprífera estatal en Quintero.
En concreto, la compañía tuvo que paralizar tres de sus cuatro convertidores. Aunque sólo fue durante algunos minutos. Eso bastó, sobre todo porque tampoco se registraron personas afectadas por el episodio.
La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schimdt, se refirió a las acciones de fiscalización del gobierno para contener la contaminación y recalcó que “la SMA se encuentra en la planta para detectar y dar seguridad a todos de que este sistema está funcionando correctamente”.
Si bien admitió que la emisión de Codelco es alta, matizó sus dichos aclarando que sus índices son inferiores a la norma chilena. “La norma de emisión diaria no ha sido superada, siendo de 186 microgramos por metro cúbico con una norma de 250 microgramos por metro cúbico que tenemos para el dióxido de azufre”, explicó.
Pero ahí radica el problema. Según un informe del propio Gobierno, emitido en enero de 2018, una de las principales debilidades de la norma actual es que no cuenta con una estándar de cifras por hora.
Por ejemplo, en países como Australia y Estados Unidos tienen una norma más baja de 210 microgramos por metro cúbico. Incluso, en algunos casos tienen normas restrictivas por hora, y no por día o año.
Vuelta a clases
Pese a ello, los Comités de Operaciones de Emergencia, presididos por el intendente regional Jorge Martínez, estimaron este fin de semana el término de la alerta amarilla y el regreso a clases de los estudiantes este martes.
Pero en medio de la determinación, aparecieron cifras preocupantes. Por eso, el senador de la región, Francisco Chahuán, pidió revaluar el retorno a clases y verificar si es posible instaurar nuevamente la alerta amarilla “para clarificar a la opinión pública los riesgos que esto podría conllevar a los alumnos que reiniciarán las clases. Para así finalmente despejar cuáles podrían ser los riesgos para la comunidad”, insistió.
Aunque el Ministerio de Medio Ambiente descartó que existan nuevas afectaciones a la salud a las personas, pese a que el Consejo de Salud del hospital Adriana Cousiño alertó que cada día han llegado al recinto entre 2 y 4 personas con síntomas similares a los registrados durante la emergencia.
Cárcel para los delitos ambientales
Pero el trabajo del Gobierno implica a varias carteras. El ministro de Salud, Emilio Santelices, compareció ante la Comisión de Salud del Senado, en la región Metropolitana, para explicar las medidas que se han tomado para asegurar que el cordón industrial de Quintero y Puchuncaví ajuste sus emisiones y no genere más síntomas en los vecinos de la bahía.
De entrada, la comisión cuestionó la ausencia de normas de arsénico, de dióxido de azufre y de metales a nivel de suelo, criticando que el Estado chileno no tenga ninguna normativa ambiental en la materia. Por eso, los parlamentarios pidieron al Ejecutivo un proyecto de ley que establezca sanciones penales para los delitos ambientales.
El senador Guido Girardi (PPD), presidente de la instancia, le planteó al ministro la necesidad de instar a las empresas de la zona a actualizar -o incluso realizar por primera vez- sus Estudios de Impacto Ambiental, ya que ni Codelco, ni Aes Gener -y presumiblemente otras empresas- han pasado por ese proceso.
Químicos prohibidos
De paso, Santelices confirmó que el próximo lunes llegarán a la zona especialistas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y confirmó que las agrupaciones ambientales del sector podrán trabajar en conjunto con ellos para elaborar un informe. “Quiero que a través del estándar internacional definamos cómo salud pública tiene que estar a nivel mundial en términos de equipamiento, infraestructura y normativa”, aseguró.
Por su parte, el médico especialista en temas ambientales de la Universidad de Chile, Andrei Tchernitchin, también fue invitado a la instancia y apuntó a la explicación principal que tiene que entregar el Gobierno: por qué se detectó presencia de metilcloroformo y oticlorometano si su producción y venta es ilegal.
“Está prohibido por una convención internacional. Al parecer Oxyquim vende este producto. Algo que está prohibido. Y Chile firmó el convenio”, criticó.
De “olores ofensivos” a “emergencia sanitaria”
Durante el fin de semana, el ministro Santelices puso en duda las intoxicaciones en Quintero y Puchuncaví, situación que lo obligó nuevamente a pedir disculpas por sus dichos.
En entrevista con Radio ADN, el secretario de Estado apuntó a “olores ofensivos” y que “el sólo hecho que haya mal olor, puede producir náuseas y vómitos, pero no implica intoxicación. Se podría pensar que eso fue lo que ocurrió”.
Pero, tras las críticas, el secretario de Estado dio un giro en sus dichos y reconoció intoxicaciones en esa zona. Dijo que sus palabras fueron malinterpretadas e incluso se atrevió a hablar de “emergencia sanitaria”.
“Sin duda que hubo intoxicación y de eso nadie ha puesto nunca en duda ni se ha minimizado. Estamos en presencia de una señal que afortunadamente no generó efectos fatales. Siempre es bueno pedir disculpas cuando uno piensa que alguna persona ha malinterpretado una opinión de uno”, indicó.
En su momento, los comentarios de Santelices provocaron que la comunidad lo acusara de minimizar el impacto en la salud de las personas y que la propia Municipalidad de Quintero calificara esas palabras como “irresponsables y lamentables”, sumado a parlamentarios de todos los sectores que también le recriminaron su postura.
