La abogada y exministra de Justicia de la administración Bachelet, Javiera Blanco, elevó una solicitud a la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manaud, para que le conceda un permiso por dos meses sin goce de sueldo, en cuyo cargo recibe ingresos brutos de 7,6 millones de pesos hasta los 75 años.

En concreto, apunta a suspender sus actividades en el organismo, incluido el comité civil que ella integra y las sesiones donde se decide si la institución se va a querellar en diversos casos de relevancia pública.

De acuerdo a La Tercera, la decisión fue gatillada tras las declaraciones del fiscal Marcos Emilfork, quien señaló que no descartaba citar a Blanco y al también exministro José Antonio Gómez como imputados por el supuesto fraude al fisco al interior del programa de Aseguramiento de Calidad de las Residencias y de Mejoramiento Continuo (Ascar).

En concreto, dicha apunta al supuesto desvío de 3.300 millones de pesos que se debían implementar para mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes del Sename.

Tras ello, el caso incluso fue discutido por los miembros del CDE y encendió las alarmas al interior de la institución, de modo que la decisión en parte busca descomprimir la situación, tal como planeaba Blanco en caso que la pista “se pusiera pesada”, de acuerdo a un abogado cercano que cita el periódico.

Asimismo, el mismo fiscal Emilfork indaga las muertes de niños al interior del Sename mientras Blanco era titular del Ministerio de Justicia.

Lo anterior se suma a que la Fiscalía también lleva adelante una causa por el eventual uso irregular de gastos reservados al interior de Carabineros, en cuya investigación declaró en calidad de testigo en julio pasado, mientras que también lo hizo en 2017 ante el fiscal Eugenio Campos a raíz de la indagatoria del fraude al interior de la policía uniformada por su periodo a cargo de la Subsecretaría de Carabineros en el mismo periodo que habrían iniciado los ilícitos.