Los ministerios de Hacienda y Minería admitieron que una inminente huelga en Minera Escondida generaría una contracción de la economía y esperan que la empresa logre un diálogo efectivo para evitar la paralización de las faenas.

El titular de las finanzas públicas, Felipe Larraín, y su par de Minería, Baldo Prokurica, profundizaron en la huelga legal aprobada la madrugada de este jueves por el Sindicado Nº1 con un 85% de los votos, luego de rechazar la última oferta presentada por la empresa.

El primero, evaluó que la medida “sería un perjuicio para el país”, por lo que dijo esperar el éxito de las mediaciones que se realicen antes de la huelga.

“Nosotros esperamos que las instancias se agoten para que se encuentre una solución negociada, conversada, y que se evite en definitiva la huelga”, sostuvo.

“Todos ganan si hay un acuerdo anterior a ello”, por lo que hizo un llamado “al realismo” tanto de la empresa como de los trabajadores.

Prokurica pide “agotar todas las instancias” para evitar huelga

De visita en la región de Atacama, el ministro Prokurica señaló que la inminente huelga “es una situación que preocupa”, por lo que llamó a mantener el diálogo y así evitar la extensa paralización que tuvo la empresa el año pasado.

“Tanto la empresa como el sindicato son gente con experiencia y profesionalismo, por lo tanto, es necesario agotar todas las instancias con el fin de evitar una huelga tan larga como la que tuvieron el año pasado y que generó tanto daño en los ingresos de los trabajadores, de la empresa y también para el país”, dijo.

El ministro Prokurica enfatizó que “por la vía del conflicto no hay desarrollo, no hay generación de empleo y no hay mejores expectativas para las familias chilenas, por eso, hemos pedido que tengan consideración con la realidad que está viviendo el país, en donde lo que se necesita es empleo y que se consigue cuando las instituciones funcionan, no cuando están paralizadas”.

Durante el año pasado, los trabajadores de Minera Escondida estuvieron movilizados durante 44 días, lo que generó una contracción de 1,3% de la economía chilena, según datos del Banco Central.

Durante las negociaciones, la empresa aumentó su oferta inicial de $13,5 millones a $15 millones de un bono de término de negociación para cada trabajador de la mina.

Sin embargo, las aspiraciones de los trabajadores eran mayores: solicitaban un bono que llegaba a los $25,9 millones por cada sindicalizado, además del pago de $406 millones para el mejoramiento de estructura de las sedes sindicales, la construcción de una cancha de fútbol y la habilitación de departamentos en Santiago o Antofagasta para sus socios que lo requieran.