El Gobierno respondió de forma instantánea a los gremios de gendarmes, que le dieron esta mañana un ultimátum de 24 horas al Ejecutivo, solicitando reunirse con autoridades y así destrabar el conflicto originado por la formalización de uno de los funcionarios acusado de omisión frente a las torturas sufridas por dos ciudadanos ecuatorianos en la cárcel.
“En democracia no tienen cabida los ultimátum, menos cuando existe un Gobierno y autoridades que siempre han promocionado el dialogo” dijo la ministra vocera Cecilia Pérez.
Para el Gobierno “no corresponde la movilización”, ya que se deben “abordar los conflictos para encontrar soluciones en conjunto”.
Pérez explicó que los gendarmes no deben abandonar sus funciones “que son demandadas por el Estado y que requieren para su cumplimiento todo el compromiso y abnegación que de esa labor se condice, como en este caso, es la de Gendarmería”.
Sólo minutos antes de la respuesta del Gobierno, la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) y otros 4 gremios habían decidido tomar medidas a raíz del caso del sargento formalizado.
