Enviando corrección, espere un momento...
La justicia social no se logra regalando beneficios a quienes no los requieren a costa del desarrollo territorial de todo un país.
En el último tiempo, parece que lo irracional ha ganado terreno en el debate legislativo. Se ha instalado con fuerza la idea de una ley que exime del pago de contribuciones a todos los mayores de 65 años.
A primera vista, la propuesta es seductora: ¿quién podría oponerse a aliviar la carga económica de nuestros adultos mayores, especialmente de aquellos que enfrentan pensiones insuficientes? Sin embargo, tras este envoltorio de justicia social se esconde una trampa de regresividad que el oficialismo se niega a corregir.
El problema no es la intención, sino la falta de focalización. Esta medida beneficiaría a cerca de 200 mil personas que gozan de una salud financiera robusta y que no necesitan de este auxilio estatal. Estamos frente a una distorsión tal que, bajo este paraguas, ministros de Estado, grandes empresarios y alcaldes quedarían eximidos de un tributo que es, por definición, redistributivo.
Resulta impresentable que, en un país con brechas tan profundas, se legisle para favorecer a quienes más tienen bajo la excusa de proteger a la tercera edad.
Es fundamental aclarar que hoy ya existen mecanismos que atienden a quienes realmente lo necesitan. Las leyes vigentes permiten rebajas sustantivas y cuotas diferenciadas para personas con bajas pensiones y propiedades de avalúos moderados. Esos instrumentos operan, se utilizan y son el camino correcto para proteger la dignidad de los mayores sin desmantelar el sistema solidario.
Pero hay un daño colateral que se ha intentado minimizar con argumentos falsos: el impacto en las arcas municipales. Se dice con ligereza que oponerse a esta ley es anteponer las finanzas de los municipios al bienestar de las personas. Lo que no dicen es que esta medida significa una reducción de aproximadamente el 50% de los recursos del Fondo Común Municipal (FCM).
El FCM no es una abstracción contable; es la principal fuente de financiamiento para el 80% de las comunas de Chile. Es el dinero que permite pavimentar calles, iluminar barrios, mantener consultorios y financiar comités de seguridad en las zonas más postergadas.
Arrebatarle estos recursos al sistema municipal no es un ataque a los alcaldes, es un golpe directo a la calidad de vida de los vecinos más vulnerables.
La justicia social no se logra regalando beneficios a quienes no los requieren a costa del desarrollo territorial de todo un país. Debemos legislar con la mirada puesta en la equidad real, no en el aplauso fácil que termina desfinanciando lo que a todos nos pertenece.
La solidaridad territorial es la base de nuestra cohesión social; no permitamos que el populismo la termine por pavimentar de injusticia.
