El presidente del Consejo Para la Transparencia, Marcelo Drago, se refirió al retorno de los hermanos Ponce Lerou a Soquimich, pidiendo una legislación más dura en contra de la corrupción.
“Lo que corresponde es una sanción directa de la empresa, esa es la responsabilidad penal de personas jurídicas”, manifestó, detallando que Chile tiene requisitos muy difíciles de cumplir, por lo que se deben modificar.
En ese ámbito, Drago advirtió que “cuando una empresa financia actos de corrupción para beneficiarse, esa empresa es responsable, no sólo sus ejecutivos, no sólo 1 ó 2 personas que pudieron estar involucrados en los pagos directos para tratar de ganar una concesión, de mantenerla, de tener una posición privilegiada, es la empresa completa la que buscó beneficiarse y es la empresa como tal la que tiene que asumir su responsabilidad”.
Ante esta situación, hizo un llamado a las autoridades para tener una legislación que cuente con responsabilidades penales más sustantivas para hechos de corrupción, además de listas negras de empresas de financiaron y facilitaron estos actos “para que no se puedan contratar con el Estado”.
Antecedentes de OAS
Marcelo Drago también se refirió a las declaraciones sobre la posible prescripción de los hechos que indaga la fiscal Ximena Chong, referidos al financiamiento ilegal de la empresa brasileña OAS a campañas políticas.
“Un año de prescripción es poco a la hora de investigar irregularidades de distinta naturaleza, delitos o no, efectivamente los procesos de este tipo son más lentos que ese período”, advirtió.
