La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, leyó una declaración pública del Gobierno para referirse al dictamen de la Contraloría que declaró como ilegal el protocolo de objeción de conciencia dictado por el ministerio de Salud en el marco de la Ley de Aborto en tres causales.

“Como Gobierno no compartimos la decisión, pero comprometidos con el Estado de Derecho y con el rol que corresponde a las instituciones del país, acatamos el dictamen”, comenzó indicando Pérez.

Luego, se refirió a lo establecido por Contraloría, que resolvió que la materia deberá regularse a través de un reglamento y no de un protocolo, cumpliendo con otros requisitos constitucionales y legales, entre ellos un control previo de legalidad a cargo del organismo.

“El protocolo que dictó este gobierno y también el que dictó el gobierno anterior, se fundaron en la norma legal que expresamente señala que estas materias deben ser reglamentadas por protocolo, la Contraloría, con todo, ha señalado que esta materia debe ser regulada no por protocolo sino que por la vía de Reglamento”, argumentó.

“Así mismo, en cuanto al fondo de la decisión, nuestra posición se fundó en la sentencia del Tribunal Constitucional que reconoció tanto la objeción de conciencia personal como la institucional. Nuestro protocolo buscaba compatibilizar el ejercicio del derecho de objeción de conciencia con la protección de los derechos de las mujeres que requieren el acceso a prestaciones del sistema de salud”, aseguró la vocera.

Finalmente, la ministra de Estado anunció que “a la brevedad” prepararán un reglamento que regule la objeción de conciencia y que acoja los cuestionamientos que ha hecho la contraloría General de la República.