Senadores oficialistas de la Comisión de Educación discreparon sobre la propuesta de volver a dividir el proyecto de Educación Superior y dejar para un futuro Gobierno la discusión de la gratuidad universal.

La iniciativa planteada por el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, fue avalada por su par de la Universidad de Santiago, Juan manuel Zolezzi, quienes sostuvieron que es urgente avanzar ahora en la regulación del sistema.

Cuando el Gobierno decidió, en marzo pasado, sacar el capítulo de las Universidades Estatales del proyecto de Educación Superior y tramitarlo por separado; no pocos pensaron que la medida del Ejecutivo terminaría por desvirtuar la discusión de la iniciativa general, dejando en el aire la gratuidad universal.

Seis meses después, y en medio del escenario electoral, parece ser que el vaticinio se cumplirá. Así al menos lo propuso el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, quien planteó volver a dividir la iniciativa y avanzar en los temas de marco regulatorio e institucionalidad, dejando para un nuevo Gobierno el financiamiento.

Aún cuando la Cámara de Diputados cumplió con los tiempos para aprobar el proyecto de Educación Superior en primer trámite, la discusión volvió a frenarse en el Senado, donde ni el Gobierno ni la Comisión de Educación han abogado por acelerarla. De hecho, la última sesión en que se analizó la iniciativa fue hace más de un mes.

El rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, compartió la propuesta de su par de la UC, dejando en claro eso sí, que la regulación del sistema no puede seguir esperando.

El rector de la UC, Ignacio Sánchez, confirmó que la propuesta se le hizo llegar formalmente al presidente de la Comisión de Educación del Senado, el DC Ignacio Walker, quien sin bien no ha respondido por la misma vía, se mostró a favor de los planteamientos.

Su par del PPD y también integrante de la Comisión de Educación, Jaime Quintana, por su parte, rechazó la propuesta del rector de la Universidad Católica y agregó que esto podría entrampar la discusión del proyecto.

De llevarse a cabo la medida, la gratuidad universal prometida por este Gobierno no quedará consagrada en una ley, sino que sujeta a los vaivénes de la discusión presupuestaria y la voluntad de las autoridades de turno.