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Exonerados pol√≠ticos en gobierno de Pi√Īera eval√ļan recurrir a organismos internacionales
Publicado por: Gabriel √Ālvarez
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La presidenta de la asociaci√≥n adelanta que est√°n buscando apoyo para presentar una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y para llevar el caso ante la Organizaci√≥n Internacional del Trabajo (OIT). Acusa que de los m√°s de 11.000 empleados p√ļblicos que fueron despedidos durante la administraci√≥n de Sebasti√°n Pi√Īera, la mayor parte fueron injustificados y en algunos casos se cometieron irregularidades. Adem√°s, cuenta que han intentado reunirse con la presidenta Bachelet, pero la mandataria no los ha recibido, por lo que no han recibido soluci√≥n a sus problemas.

La Asociaci√≥n de Exonerados Pol√≠ticos P√ļblicos por el gobierno de Sebasti√°n Pi√Īera est√° evaluando demandar al Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, junto con ello, presentar el caso ante la Organizaci√≥n Internacional del Trabajo (OIT).

As√≠ lo adelanta a Radio B√≠o B√≠o la presidenta de la asociaci√≥n, Adriana Burgos. ‚ÄúEl Estado nos ha humillado y nos ha tratado de forma injusta. Primero, durante el gobierno de Pi√Īera despidieron a m√°s de 11.000 trabajadores del sector p√ļblico, en muchos casos de forma injustificada y en algunos casos de modo irregular. Luego, la administraci√≥n de Michelle Bachelet no nos ha escuchado, ni considerado nuestros problemas‚ÄĚ, afirma Burgos.

Cuenta que el 14 de diciembre de 2015 se encontraron con la presidenta en la calle y le comentaron sobre su problema, ante lo que la mandataria les dijo que le enviaran una petici√≥n formal para una audiencia y que los recibir√≠a sin problemas. Por ello, a los dos d√≠as de este encuentro casual, solicitaron una reuni√≥n con Bachelet para hablar de la situaci√≥n ‚Äúprecaria‚ÄĚ en la que se encuentran.

Sin embargo, hasta el día de hoy no han sido recibidas por la presidenta y tampoco han tenido alguna respuesta de parte del gobierno, sostiene Burgos.

Si bien fueron m√°s de 11.000 los funcionarios p√ļblicos que fueron desvinculados durante la administraci√≥n de Pi√Īera, la asociaci√≥n de exonerados -creada el √ļltimo trimestre del a√Īo pasado- est√° integrada por 63 personas.

En vista de que La Moneda no ha escuchado sus peticiones, durante el presente a√Īo se han reunido con varios parlamentarios para hacerles saber su complicada situaci√≥n y pedirles que los ayuden a buscar una soluci√≥n.

Entre otros, han sostenido encuentros con los senadores Antonio Horvath (independiente), Alejandro Navarro (MAS) y Alejandro Guillier (independiente), así como también con los diputados Ricardo Rincón (DC), Camila Vallejo (PC), Cristina Girardi (PPD), Guillermo Teillier (PC) y Fidel Espinoza (PS). Además de prometerles que harán gestiones para que se arreglen sus problemas, algunos parlamentarios incluso le han enviado oficios y cartas a la presidenta y a altos funcionarios del gobierno para que se hagan cargo.

Tambi√©n se han reunido con algunos funcionarios de gobierno para abordar el tema. En efecto, en agosto se juntaron con la ministra del Trabajo, Ximena Rinc√≥n, pero Burgos se√Īala que la secretaria de Estados les dijo que no pod√≠a hacer mucho, pues la soluci√≥n de este problema pasa por la facultad de la presidenta.

Injustificados e irregulares

Adriana Burgos relata que de los m√°s de 11.000 funcionarios p√ļblicos despedidos por el gobierno de Pi√Īera, primero fueron cerca de mil los que se agruparon para enfrentar su problem√°tica. Sin embargo, tras algunos problemas que tuvieron con la Agrupaci√≥n Nacional de Empleados Fiscales (Anef), un grupo decidi√≥ generar la asociaci√≥n que ella lidera.

De los 63 miembros que la componen actualmente, dice que varios poseen antecedentes que dan cuenta que sus despidos fueron injustificados. Da como ejemplo el caso de ella, que se desempe√Īaba como fiscalizadora en Direcci√≥n del Trabajo en la Regi√≥n Metropolitana y fue exonerada en diciembre de 2010, y el de Luis Daza, quien trabajaba como profesional en la subsecretar√≠a de Pesca y Acuicultura en Valpara√≠so y fue exonerado en diciembre de 2013.

A√Īade que en el caso de ambos, que eran funcionarios a contrata, estaban bien evaluados en su desempe√Īo y no fueron sometidos a sumarios. Simplemente se les notific√≥ -v√≠a oral- con un mes de anticipaci√≥n que ya no seguir√≠an en sus cargos.

Sumado a lo anterior, asevera que hay dos casos de funcionarias que ten√≠an la categor√≠a de planta y que fueron desvinculadas sin mediar un sumario que respaldara esa decisi√≥n, como lo establece la ley. Una de ellas es Carmen Bravo Letelier, quien se desempe√Īaba como profesional de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), dependiente del Ministerio del Interior, quien fue exonerada en diciembre de 2010.

El otro caso corresponde a Cristina Abarca Hurtado, quien ejercía como administrativa en la subsecretaría del Ministerio de Hacienda y fue exonerada en octubre de 2012.

Burgos adelanta que este s√°bado van a realizar una conferencia de prensa en la que dar√°n a conocer sus problem√°ticas y cu√°les ser√°n los pasos a seguir para lograr que el gobierno los escuche. El evento se realizar√° a las 10:00 horas en la Casa del Maestro, ubicada en Santiago Centro.

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