La Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) llamó a un paro nacional de 24 de horas para el próximo 23 de septiembre, en caso de no lograr un acuerdo con el Ministerio de Salud por el incumplimiento de los acuerdos suscritos entre ambas instituciones.

En caso de no lograr resolver en un plazo razonable las dificultades ocasionadas por el incumplimiento del Protocolo de Acuerdos suscritos entre Confusam y el Minsal, referidos a resolver problemas vinculados al financiamiento de la Atención Primaria, a las condiciones laborales en los establecimientos de salud rural y en los SAPU, Sapur y SUR, se llevará a cabo el paro nacional.

Según la confederación, provocó molestia la interpretación que el Gobierno pretende imponer en el reglamento de la nueva ley 20.919, de Incentivo al Retiro para el personal que cumpla o ya cumplió con las exigencias legales para acceder a una jubilación.

“De acuerdo a la interpretación en cuestión, beneficiarios de dicha normativa podrían perder la mitad de los beneficios contemplados, en vez de acceder a ellos de manera proporcional a su jornada de trabajo, tal cual ha sido aplicada hasta la fecha toda norma de similar propósito”, indicó en un comunicado Confusam.

Por lo anterior, la dirigencia de la organización consideró necesario tomar medidas urgentes en orden a lograr revertir lo que califican como una “compleja situación”.

Señalan además, que al 15 de septiembre del corriente, ya se debió publicar el reglamento de la ley 20.919 con la modificación demandada por la Confusam, y de no ser así, está obligados a realizar un paro nacional de 24 horas el próximo 23, acción que complementarán con marchas en las principales ciudades de las distintas regiones del territorio nacional.

En su comunicado, la confederación aseguró que en el marco del paro de se tiene previsto garantizar los turnos éticos de rigor, esto para no afectar en ningún caso a los usuarios que requieran asistencia médica.

Esta sería la primera acción de presión que Confusam realiza para lograr el cumplimiento de los compromisos suscritos por el Gobierno, que apuntan a mejorar las condiciones laborales de los funcionarios de la salud, así como la calidad en la atención de los usuarios.