Consumo de drogas, delincuencia, abusos sexuales y vulneración de derechos, son algunas de las problemáticas que cargan los niños, niñas y adolescentes que por una u otra vivencia llegan al Servicio Nacional de Menores a encontrar una solución.
Esta realidad que poco se conocía llegó hace unos meses a remover el piso político y social cuando se supo de 185 niños que perdieron la vida cuando estaban bajo la “protección” del Sename. Pero, finalmente, no fueron 185 muertos, ni 477, ni 610, según la última versión que defiende el diputado Saffirio.
Lo concreto, es que aún se desconoce a ciencia cierta cuántos niños y niñas han muerto bajo la custodia de la institución, como también cuántos faltan por tratar médicamente para que el número no siga en aumento.
También es difícil que mientras se tomen decisiones políticas para una mejora del servicio, existan niños que deban -ante la falta de opciones- seguir esperando por una solución que pueda cambiar el rumbo de sus vidas, como algunos casos que conocimos en BioBioChile, pero que por recomendación de expertos, no entregaremos sus nombres reales, ni tampoco daremos mayores detalles para evitar revictimizarlos y protegerlos.
Los niños del pijama a rayas
Camila tiene 14 años y a su edad ya es portadora de VIH con presencia de candilomatosis. Se le diagnosticó también un trastorno por abuso de sustancias, policonsumo y daño orgánico secundario a consumo y hasta hace poco estaba pendiente de una cama en alguna unidad de medicina para iniciar un tratamiento a su enfermedad y un espacio en una unidad de corta estadía infanto adolescente para vivir.
Estaba en espera, pese a que es una paciente con riesgo vital, pero al parecer no fue lo suficientemente urgente atenderla, considerando que en el Servicio de Salud de la comuna donde vive no dieron respuesta positiva a su internación, y por lo mismo, ninguna unidad de corta estadía la recibe mientras no inicie tratamiento para el VIH. Mientras, la pequeña Camila sigue aguardando una solución.
A sus 13 años, Daniela carga con una familia mal constituida, abandono, una situación de abuso sexual reciente, muestra importantes desajustes conductuales, riesgo de agresiones hacia ella misma y otros de forma mantenida, y un trastorno por abuso de sustancias asociados a sintomatologías de abstiencia y policonsumo. Por ello, se presentó una solicitud de cupo a corta estadía en dos hospitales, para desintoxicarla e iniciar un tratamiento sicológico.
No obstante, desde los centros asistenciales respondieron que lamentablemente no había lugar para acogerla.
Por otra parte, la Unidad de Corta Estadía de su comuna simplemente no respondió y otra opción de Corta Estadía respondió que no podía incluirla puesto que no estaba al alcance geográfico de cobertura. Daniela también sigue a la espera.
“A estos niños se les ha invisibilizado, ocultado y aislado”
Juan Andrés Mosca, actual director nacional de postgrado y psiquiatra de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián, fue el jefe de Salud Mental del Ministerio de Salud durante el gobierno pasado y ayudó en un proyecto para la ejecución de una serie de residencias en las que menores como Daniela, Camila y otros menores con enfermedades mentales graves, podían ser tratados con un equipo profesional que también resguardara a las familias y el entorno.
El psiquiatra tenía la experiencia de haber trabajado 3 años en el Centro Metropolitano Norte de Til Til, especializado en niños infractores de la ley del Sename, además de otras experiencias que lo llevaban a comprender la situación más de fondo que aquejaba a los niños que llegaban desde la institución. Sin embargo – y pese a que Mosca no tiene militancia, y lo recalca – los proyectos que se crearon quedaron en nada con el cambio de gobierno.
Durante su experiencia entre 2008 a 2013 en la Unidad de Corta Estadía UDAC, que ayuda a niños con enfermedades psiquiatricas graves y de la línea penal juvenil, vio casos de éxito y otros de fracasos. Y es que “algunos casos tienen que ver con la estructura delictual del entorno donde viven. Ahí es más difícil mover los paradigmas. Pueden dejar las drogas y reinsertarse en la sociedad, pero siguen en la delincunecia o en juegos de poder”, explicó el psiquiatra.
Para Mosca, las políticas públicas no han sido las adecuadas. “El problema está en que a estos niños se les ha invisibilizado, ocultado y aislado, sin una ayuda real. Lo que hoy esta haciendo explosión es el riesgo vital: la posibilidad de morir debido a un problema psiquiatrico por no cuidarlos”, criticó.
Pese a ello, sí se puede provocar un cambio positivo. “Un niño tiene una capacidad enorme de resilencia y de salir adelante si se le dan las oportunidades”, cuenta Mosca. Para esto, según el psiquiatra, “no hay que aislarlos, hay que dar un modelamiento conductual, que si no lo hacen los padres, los debe hacer otra imagen”, pero también considerando factores como la asistencia a lugares adecuados donde los rehabiliten y eduquen y “no a lugares donde se mezclan niños con diferentes realidades, de delincuencia, de discapacidad, de consumo de drogas, u otras donde tampoco hay un tratamiento o contención”, manifiesta.
Casos positivos de cambios y reinserción existen, como el de Bastián. En el 2008 lo internaron por primera vez en un centro del Sename, donde su principal diagnóstico era una fuerte dependencia a las drogas. Pero lo que más llamaba la atención es que vivía casi en un estado salvaje desde su niñez. A los 8 años se desvinculó totalmente de su familia para ir a vivir bajo un puente. Nunca había ido a la escuela por tanto no sabía leer ni escribir, ni tampoco ducharse o comer con cubiertos.
Aunque fue difícil, durante dos años vivió entre desintoxicaciones, fugas de centros y recaídas a las drogas, por lo que su caso se estableció como de “alta complejidad”. Esto permitió que Mosca y un grupo de expertos pudiesen trabajar con él, en un lugar especializado, específico y complejo para la salud del menor, donde fue reeducado y vinculado nuevamente con su familia, a quienes también se les prestó apoyo para acogerlo y contenerlo.
El médico contó que años más tarde se encontró con el menor, visitendo un uniforme de colegio, con un trato más amable y limpio de drogas.
Sename y la política
El psiquiatra cuenta “que son al menos 400 los casos muy graves que están en riesgo vital y que requieren tratamiento, principalmente en la Región Metropolitana, Valparaíso y Bío Bío, que es donde existen los equipos de coordinación y detección de casos con los equipos de asesoría clínica que nosotros instalamos”, asegura.
En las otras regiones, el médico explica que no hay levantamientos de casos, porque no hay mecanismos que permitan detectarlos. Y aún así, se calcula que de los 160 mil niños del Sename, un 70% tiene enfermedades psicológicas y el 10% de ellos tiene patologías graves.
El senador Alejandro Navarro interpuso hace unos días un recurso de protección en Concepción a favor de una menor de 15 años que intentó suicidarse. Tras esto, se pidieron las medidas precautorias que fueron ejecutadas por el Servicio de Salud Concepción, donde se le buscó cama para atención de adolescentes, teniendo un resultado positivo de intervención. Sin embargo, sigue siendo una menor de tantas y tantos otros que siguen esperando un cupo para atenderse y salvar su vida.
Hay más casos, cuenta el senador. Y por lo mismo se prepara en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, para realizar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, por la violación de la garante de los Derechos de los Niños.
Según el parlamentario son “1.134 niños que están en riesgo vital, que el programa protege pero aún no se han tomado medidas concretas para ayudarlos”, y sostiene que “esperamos presentar en los próximos días esta denuncia, porque ya hemos agotado los medios internos”.
En tanto que el tema sigue sin perder su lugar en la agenda, aún Daniela y Camila seguirán esperando una cama en algún hospital que las atienda, mientras están en curso las interpelaciones a la ministra Javiera Blanco para determinar responsabilidades y poder solucionar los temas de fondo del servicio; se planifican estudios a los directores regionales para ver su desempeño; y la sociedad se molesta por la falta de preocupación. Entre que eso ocurre, más de mil niños vulnerados deberán seguir esperando.
