El expresidente francés Nicolas Sarkozy volverá mañana al banquillo de los acusados, dos semanas después de haberse convertido en el primer exinquilino del Elíseo en ser condenado a una pena de cárcel.
Si en su primer asalto Sarkozy escuchó una sentencia de tres años de prisión por corrupción y tráfico de influencias (de la que solo debería cumplir uno), ahora está en el punto de mira de la justicia la financiación irregular de su campaña electoral de 2012 a través de un sistema de falsas facturas que le permitieron doblar el máximo de gastos autorizados por la ley.
Será su segunda cita con los tribunales de los muchos frentes que tiene abiertos el expresidente, que apeló su primera condena, lo que le mantiene por ahora en libertad.
La justicia analiza también en otro proceso sus cuentas en la campaña presidencial de 2007, presuntamente financiadas con dinero libio, pero también la atribución de algunos contratos desde el Elíseo.
El expresidente, que en cada una de esas acusaciones defiende su inocencia y se presenta como víctima de la persecución de algunos jueces, está viendo como todas estas acusaciones entorpecen todo intento de retorno a la primera línea política, de la que se alejó en 2016, aunque no perdió su capacidad de influencia en la derecha.
Su figura volverá de nuevo a acaparar los focos en un juicio en el que otras 13 personas se sentarán también en el banquillo. De hecho, Sarkozy es el acusado que afronta una pena menor, un año de prisión y 3.750 euros de multa por financiación ilegal de campaña electoral, mientras que el resto añaden cargos de falsificación, prevaricación y estafa.
El juicio, previsto hasta el próximo 15 de abril y en el que Sarkozy ha asegurado que solo acudirá cuando tenga que declarar, puede verse retrasado tras la petición de una de las defensas, puesto que uno de sus abogados se encuentra con covid.
Gasto doble
Según la Fiscalía, la campaña de Sarkozy gastó casi 43 millones de euros, frente al techo de los 22,5 millones que autorizaba la ley para un candidato que supera la primera vuelta, lo que le permitió organizar 44 mítines en salas inmensas, con una iluminación y ambientación propia de grandes conciertos. Hollande solo pudo hacer 10 grandes mítines.
Para ello, se puso en marcha un sistema de maquillaje contable en el que muchos de aquellos gastos fueron disimulados con facturas cargadas al partido conservador UMP, actualmente Los Republicanos, en lugar de a la campaña del candidato.
Un sistema desvelado en 2014 por Jérôme Lavrilleux, el número 2 de su campaña, que al borde de las lágrimas confesó la doble contabilidad puesta en marcha a través de la empresa de organización de eventos Bygmalion, que da nombre al caso.
El expresidente asegura siempre que desconocía ese sistema de gastos paralelos y también que estuviera al corriente de que se estaban superando los techos de gasto.
¿Sarzoky estaba al tanto?
En su contra figuran varios testimonios, el último el de su director de campaña, Guillaume Lambert, que la pasada semana declaraba a la televisión pública France 2 que en dos ocasiones leyó a su jefe informes de los expertos contables que advertían del elevado tren de gasto.
Sarkozy pedía cada vez más y más actos para dar la vuelta a las encuestas que le situaban por debajo de Hollande y que, a la postre, acabaron por convertirle en el segundo presidente de la V República en no revalidar su mandato.
Como el sistema de doble contabilidad pocos lo dudan ya, después de que Lavrilleux lo revelara en televisión, el juicio tratará de demostrar si Sarkozy estaba al corriente del mismo y si su exigencia permanente contribuyó a que se pusiera en marcha.
El juicio volverá también a reabrir heridas dentro de la derecha, puesto que el “sarkozismo” siempre ha culpado de este caso al entonces secretario general de la UMP Jean-François Copé, representante del sector más “chiraquiano” del partido y contra quien los investigadores no encontraron indicios suficientes para llevarle a los tribunales.