El Tribunal Constitucional (TC) de Portugal rechazó hoy la ley que despenaliza la eutanasia, aprobada a finales de enero por el Parlamento, al considerarla inconstitucional por utilizar conceptos “imprecisos”, aunque abrió la puerta a que el Parlamento vuelva a tramitarla.
El presidente del tribunal, João Pedro Caupers, comunicó que siete de los doce jueces votaron en contra de la norma, aunque señaló que la eutanasia, por sí misma, no es inconstitucional: “El derecho a la vida no se puede transfigurar en un deber de vivir en cualquier circunstancia”.
Por ello, dejó la puerta abierta a que una nueva norma sobre la eutanasia pueda prosperar en el futuro, si el Parlamento subsana los puntos considerados inconstitucionales.
La norma despenalizaba la eutanasia para casos de mayores de edad, sin enfermedades mentales, en situaciones de “sufrimiento insoportable, con lesión definitiva de gravedad extrema de acuerdo con el consenso científico o enfermedad incurable y fatal”, y fue remitida al TC de forma preventiva por el presidente de Portugal, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa.
Rebelo de Sousa consideraba que la ley utilizaba conceptos “excesivamente indeterminados” a la hora de definir los requisitos para permitir el acceso a la muerte médicamente asistida, reservas con las que coincide el Constitucional.
Los jueces señalaron “imprecisión” a la hora de definir en qué situaciones se puede solicitar la muerte asistida, que debe ser legislada con normas “claras, precisas, anticipables y controlables”, explicó Caupers.
En ese sentido, refirió que la expresión “lesión definitiva de gravedad extrema” “no permite delimitar con el indispensable rigor” en qué situaciones se puede solicitar la eutanasia.
El concepto de “sufrimiento extremo”, que también levantaba dudas al jefe del Estado, sí fue aceptado por el tribunal al entender que puede ser determinado por un médico.
Al ser declarada inconstitucional, la ley será vetada por Rebelo de Sousa y volverá al Parlamento.
La despenalización de la eutanasia fue aprobada en la Cámara el 29 de enero tras un año de trámite parlamentario, con el apoyo de los grupos de izquierda, el rechazo de la derecha, y en medio de un tenso debate sobre la idoneidad del momento debido a la pandemia.
Además de tener una enfermedad o lesión incurable, la norma portuguesa establecía que la decisión final sería evaluada por un comité de expertos y solo podría practicarse en el Sistema Nacional de Salud (SNS).