La Corte Suprema de Estados Unidos analizó este lunes si la legislación federal puede impedir que jueces y jurados admitan demandas de pacientes con cáncer que acusan a Monsanto de no advertir sobre los posibles riesgos de su herbicida Roundup.
Según consignó The Washington Post, el caso podría marcar un antes y un después para más de 100 mil litigios en curso en Estados Unidos, en una de las mayores controversias judiciales por responsabilidad de productos en la historia del país, con miles de millones de dólares en juego.
En el centro de la disputa está el glifosato, ingrediente activo del Roundup, utilizado desde la década de 1970 y ampliamente empleado en la agricultura. Mientras la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha sostenido reiteradamente que no causa cáncer en humanos, en 2015 un organismo vinculado a la Organización Mundial de la Salud lo clasificó como “probablemente cancerígeno”, lo que detonó una ola de demandas contra Monsanto, hoy propiedad de Bayer.
El caso específico que revisa el máximo tribunal corresponde a la demanda de John Durnell, quien acusó que la exposición prolongada al producto le provocó un linfoma no Hodgkin. Un jurado en Missouri falló a su favor y ordenó una compensación de 1,25 millones de dólares, decisión que fue ratificada en instancias posteriores.
La defensa del demandante sostiene que la empresa conocía los riesgos del herbicida desde hace décadas, pero no los comunicó a los consumidores ni adoptó medidas para advertirlos.
Por su parte, Monsanto argumenta que la normativa federal sobre pesticidas establece un sistema único de regulación, por lo que no puede exigirse información adicional a nivel estatal.
Además, la empresa advirtió que permitir nuevas demandas podría provocar más restricciones, señalando que “la persistencia de estos litigios amenaza la capacidad de Monsanto para seguir suministrando glifosato a los agricultores que lo necesitan para mantener su liderazgo en la producción de alimentos”.
Durante la audiencia, algunos jueces mostraron preocupación por la posibilidad de que existan estándares distintos entre estados y el gobierno federal, mientras que otros advirtieron que limitar este tipo de demandas podría afectar la detección de riesgos para la salud.
El caso también tiene implicancias económicas y productivas, ya que organizaciones agrícolas han advertido que restringir el uso del glifosato podría impactar la producción de alimentos.
“Eliminar el glifosato del mercado supondría un riesgo inmediato y devastador para el suministro de alimentos de Estados Unidos”, afirmó la American Farm Bureau Federation. “Los agricultores dependen de este herbicida seguro para sostener una producción elevada de alimentos y fibras. Se utiliza en aproximadamente 300 millones de acres de tierras agrícolas”, agregaron.
Por su parte, trabajadores agrícolas, organizaciones de prevención del cáncer y ambientalistas sostienen que Roundup implica riesgos significativos y debería etiquetarse como cancerígeno.
“El cáncer es una epidemia que afecta a más de 1 de cada 3 estadounidenses a lo largo de su vida. (…) La Corte no debería otorgar inmunidad a Monsanto por los riesgos de sus productos ni negar a los estadounidenses su derecho a conocer los peligros de un producto inherentemente peligroso”, explicaron al citado medio.
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