Un juez federal de los Estados Unidos ordenó el lunes a la Fuerza Aérea indemnizar con más de 230 millones de dólares a los sobrevivientes y familiares de las víctimas de un tiroteo de 2017 en Texas, por no informar los antecedentes penales del atacante.
Devin Patrick Kelley abrió fuego en la Primera Iglesia Bautista de Sutherland Springs, Texas, en noviembre de 2017, dejando un saldo de 26 muertos y 22 heridos, el peor tiroteo en la historia de ese estado del sur del país.
Kelley, que se suicidó tras el ataque, escapó del sistema de verificación de antecedentes para comprar un arma porque la Fuerza Aérea, en la que había servido, no informó de sus dos condenas por violencia doméstica, cinco años antes, ni de sus problemas mentales.
Las familias de las víctimas y los sobrevivientes demandaron al gobierno estadounidense, alegando que podría haber evitado que el tirador adquiriera armas de fuego legalmente.
“La corte concluyó que el gobierno no ejerció un cuidado razonable en su compromiso de presentar los antecedentes penales de Kelley al FBI y que el gobierno es responsable en un 60% de las lesiones de los demandantes”, de acuerdo con el fallo.
La Fuerza Aérea piensa apelar el fallo, dijo su portavoz Ann Stefanek, según The New York Times.
Las leyes de armas de Texas figuran entre las más laxas de los Estados Unidos.
