Más de 10.000 migrantes, muchos de Haití, acampaban el viernes bajo un puente en la frontera sur de Estados Unidos, una crisis humanitaria que pone en aprietos al gobierno de Joe Biden.

Estos migrantes llegaron a la pequeña ciudad de Del Rio, Texas, cruzando el Río Grande que divide a Estados Unidos de México.

De los 2.000 que eran a principios de la semana subieron a 10.500 el jueves por la noche, dijo Bruno Lozano, el alcalde de esta localidad lmítrofe con la mexicana Ciudad Acuña.

“Son principalmente de Haití e ingresan de manera ilegal (…) solo están esperando ser detenidos por los guardias fronterizos” para iniciar los trámites de autorización de estadía, explicó en un video publicado en Twitter.

El viernes, el alcalde demócrata, que espera miles de llegadas más, declaró el estado de emergencia y cerró el puente al tráfico.

“Las circunstancias extremas exigen respuestas extremas”, declaró al diario Texas Tribune. “Hay mujeres que dan a luz, personas que se desmayan por la temperatura, son un poco agresivas y eso es normal después de todos estos días de calor”.

A pesar de sus llamados a una “acción rápida” del gobierno federal, el presidente Biden y su gabinete permanece en silencio.

En un comunicado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP en inglés) aseguró que había aumentado su personal para enfrentar la situación de manera “segura, humana y ordenada”.

El área de sombra debajo del puente internacional sirve como sitio de parada temporal “para prevenir enfermedades relacionadas con el calor”, explicó el CBP, señalando que a los migrantes se les proporcionó agua potable, toallas y baños portátiles.

Una vez atendidos, “la gran mayoría de los adultos que llegan solos y muchas familias continuarán siendo expulsados bajo el Título 42”, una normativa de salud adoptada al inicio de la pandemia para frenar la propagación del virus, según este comunicado de prensa.

“Quienes no puedan ser expulsados bajo el Título 42 y no tengan una base legal para permanecer serán colocados en procedimientos de deportación acelerados”, aseguró el CBP.

Un juez federal ordenó sin embargo el jueves al gobierno federal no expulsar a las familias en este contexto, lo que podría complicar la tarea de las autoridades, enfrentadas desde hace meses a flujos migratorios récord en la frontera con México. La administración Biden apeló la decisión el viernes.