El Gobierno de Reino Unidos remarcó este viernes 4 de septiembre su postura al señalar que las Islas Malvinas –Falkland Islands para Londres– “son británicas” y que su compromiso con el territorio es “absoluto e inamovible”, tras el reclamo del presidente de Argentina, Javier Milei, quien anunció sanciones para las compañías que exploten los recursos naturales de las islas.
Se reabre una vieja herida y un nuevo capítulo de tensión a los dos lados del Atlántico. ¿Por qué Buenos Aires vuelve a hacer en este momento el reclamo? ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Lo desciframos.
Reclamo de Milei sobre las Malvinas
En un discurso en horario estelar dirigido a la nación, el presidente de Argentina, Javier Milei, resucitó la antigua reivindicación de su país sobre las cercanas Islas Malvinas, bajo control británico, evocando así recuerdos del amargo conflicto que ambas naciones libraron hace 44 años.
El renovado reclamo de Buenos Aires llega en medio del desarrollo de hidrocarburos y tras las señales del mandatario estadounidense, Donald Trump sobre una posible revisión de la tradicional posición de Washington.
De hecho, en su discurso Milei celebró un aparente cambio de tono por parte de EEUU y prometió implementar medidas para bloquear los planes de perforación petrolera cerca del pequeño territorio británico de ultramar, próximo al territorio argentino.
Sin amenazar con una incursión militar, insistió en que los vientos de cambio están del lado del país latinoamericano.
Con una población de aproximadamente 3.600 habitantes, es un territorio ubicado a unos 480 kilómetros al este de la costa sureste de Argentina y a aproximadamente 13.000 km del Reino Unido. Está formado por dos islas principales, Malvina Oriental y Malvina Occidental, y 778 islas menores.
Argentina reclama la soberanía sobre las islas —a las que llama Las Malvinas— argumentando que las heredó de España tras su independencia en 1816 y que Reino Unido tomó el control en 1833 mediante un acto colonial ilegal.
Pero Reino Unido señala que el primer desembarco registrado allí fue realizado en 1690 por el capitán naval inglés John Strong y que tomó posesión formal de las Islas Malvinas Occidentales en 1765. Agrega que, si bien Francia y España tuvieron asentamientos en diferentes momentos, los británicos reafirmaron el control en 1833 y las han administrado desde entonces.
Las Malvinas cuentan con su propia asamblea legislativa electa que gestiona los asuntos internos. La mayoría de los residentes son de ascendencia británica, aunque la población también incluye personas de Santa Elena, Chile y Filipinas.
El peor escenario posible en esta disputa es que vuelva a desembocar en una guerra. En 1982, la entonces dictadura militar argentina, dirigida por Leopoldo Galtieri, ordenó la invasión de las islas, convencido de que Reino Unido no respondería con la fuerza. Pero la entonces primera ministra británica, Margaret Thatcher, envió una fuerza naval a través del Atlántico y recuperó las islas tras 73 días de control argentino. La guerra dejó 649 soldados argentinos y 255 británicos muertos.
La humillación de aquella desafortunada invasión pronto condujo a la caída de la junta militar, que había invadido las Islas Malvinas en un intento desesperado por ganar popularidad.
El panorama actual es muy diferente. A principios de la década de 1980, las Islas Malvinas contaban con una presencia militar británica mínima. Ahora, existe una disuasión efectiva: más de 1.000 soldados, aviones de última generación y patrullas de la Marina Real en las cercanías.
Reino Unido sigue reclamando la soberanía sobre las Malvinas y mantiene una presencia militar allí, incluyendo una base aérea en Mount Pleasant.
Argentina, con el respaldo de China, continúa presionando para que se reconozca su soberanía a través de canales diplomáticos y organismos internacionales como las Naciones Unidas. Ambos países restablecieron relaciones diplomáticas tras la guerra, pero las conversaciones sobre soberanía siguen estancadas.
Otro de los argumentos de Londres es que su población decidió ser británica, en referencia al referendo de 2013, en el 99,8% de los votantes apoyó la permanencia bajo dominio británico, con una participación de aproximadamente el 92%. Reino Unido cita la votación como prueba de la voluntad de los isleños y afirma que no discutirá la soberanía sin su consentimiento.
Sin embargo, Argentina siempre ha rechazado esa consulta, argumentando que la población fue implantada tras la toma de control británica en 1833.
Tras años de disputa, el jueves 3 de septiembre, el actual presidente argentino, Javier Milei, reivindicó la soberanía de su país sobre las islas y anunció nuevas medidas.
El nuevo endurecimiento argentino tiene un componente económico y otro de defensa. El Gobierno de Milei anunció un decreto reglamentario y un proyecto de ley para reforzar las sanciones contra empresas que participen en actividades de explotación de hidrocarburos en las islas sin autorización argentina. La medida puede alcanzar no solo a las compañías directamente involucradas, sino también a accionistas, directivos y proveedores.
El objetivo inmediato es el proyecto petrolero Sea Lion, situado al norte de las islas y desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. La iniciativa prevé avanzar hacia la producción de crudo y ha convertido los recursos energéticos en un nuevo foco de la disputa. Reuters señala que el proyecto tiene prevista la producción para 2028.
La cuestión ha adquirido una dimensión adicional por las declaraciones de Donald Trump.
Durante décadas, Estados Unidos mantuvo una posición relativamente cautelosa: reconocía la administración británica de las islas, pero también reconocía la existencia de la reclamación argentina y evitaba asumir una posición definitiva sobre la soberanía.
Trump ha puesto en duda recientemente la continuidad de esa política y ha hecho comentarios sobre la capacidad británica para defender las islas en un eventual conflicto. Milei ha interpretado esas declaraciones como una señal favorable a la posición argentina.
Pero hay una diferencia entre revisar una política diplomática y respaldar la soberanía argentina. Hasta ahora, las declaraciones de Trump no equivalen a un reconocimiento estadounidense de la soberanía argentina sobre las Malvinas.
El factor estadounidense, sin embargo, puede incrementar la presión sobre Londres y elevar la importancia geopolítica del Atlántico Sur.
En la encrucijada, hay varios escenarios posibles.
El primero es una escalada económica. Si Argentina aplica las nuevas sanciones, las empresas vinculadas con Sea Lion podrían enfrentarse a restricciones para operar o hacer negocios en Argentina. Esto podría abrir nuevos litigios y aumentar el coste político y económico del proyecto.
El segundo es una mayor presión diplomática. Buenos Aires puede llevar nuevamente la disputa a Naciones Unidas y otros organismos internacionales. La ONU sigue reconociendo la existencia de una controversia de soberanía y reclamando una solución negociada.
El tercero es un refuerzo de la estrategia de defensa argentina. La creación de nuevas estructuras de seguridad y el aumento de las capacidades navales y aeroespaciales en el sur pueden modificar el equilibrio estratégico regional, aunque no impliquen una amenaza directa de recuperación militar de las islas.
El cuarto, y potencialmente más relevante, sería una apertura diplomática. Argentina y Reino Unido ya han demostrado que pueden cooperar en asuntos concretos del Atlántico Sur aun sin resolver la cuestión de la soberanía. El problema es que, por ahora, las posiciones sobre la negociación siguen siendo incompatibles.
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