El Perú y Chile han consolidado su posición como destinos clave para la migración venezolana en Sudamérica, atrayendo cifras históricas de desplazados y desencadenando un notorio cambio en la percepción social hacia los migrantes.
Las principales ciudades de ambos países experimentan un flujo migratorio que redefine el tejido social, político y económico, mientras los discursos públicos y las políticas estatales revelan nuevas tensiones y desafíos de integración.
En la última década, el Perú se transformó en uno de los principales destinos para quienes abandonan Venezuela. De acuerdo con datos de Latinometrics, cerca de 1,84 millones de extranjeros residen actualmente en el país andino. De esa cifra, el 87% son venezolanos, lo que equivale a 1,6 millones de personas que han encontrado en territorio peruano una alternativa frente a la crisis de su nación de origen.
Este flujo masivo ha modificado por completo el panorama migratorio de Perú. Tradicionalmente emisor de migrantes, el país se ha convertido en receptor neto, superando incluso el número de peruanos que viven en el extranjero, estimado en 1,67 millones.
Un informe de Latinometrics subraya que la migración venezolana en Perú representa hoy la segunda mayor diáspora de la región, solo detrás de la de Colombia.
La crisis venezolana
El cambio en los patrones migratorios peruanos coincide con el agravamiento de la situación política y económica en Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez y la llegada al poder de Nicolás Maduro.
Hiperinflación, desempleo y un deterioro institucional aceleraron la salida de millones de ciudadanos, que buscaron refugio en países vecinos. Perú, por su crecimiento económico y regulaciones flexibles en un inicio, se convirtió en uno de los principales puntos de llegada.
A partir de 2017, el gobierno peruano adoptó medidas inéditas, como el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), que facilitó la regularización de venezolanos y les ofreció una vía para acceder a la economía formal y a servicios básicos. Posteriores modificaciones, como la Tarjeta de Permiso de Residencia Temporal en 2023, respondieron a la necesidad de gestionar una población migrante en constante aumento.
Integración y desafíos
El impacto de la migración venezolana en Perú no se limita a las cifras. Un informe del Banco Mundial revela que más del 80% de los migrantes venezolanos se encuentra económicamente activo y que más del 30% posee estudios superiores y experiencia profesional.
Ese capital humano no siempre logra insertarse plenamente: el 88,6% de la población venezolana ocupada permanece en la informalidad, según la Encuesta Nacional de Hogares del INEI de 2024.
El acceso a empleo formal sigue siendo una barrera, a pesar de los aportes económicos documentados. El informe conjunto de ACNUR y el Banco Mundial estima que la población venezolana aporta cerca de 530 millones de dólares anuales a la economía peruana, equivalente al 1,3% del Producto Bruto Interno. Además, por cada sol invertido en políticas de apoyo a migrantes, el retorno fiscal es de 2,6 soles.
La representante de ACNUR en Perú, Laura Almirall, remarca que “estos datos ayudan a mirar la integración con más evidencia, pero el valor de una persona refugiada no se mide solo por su aporte económico. Cuando accede a documentación, educación, salud y empleo, puede reconstruir su vida y contribuir a la comunidad que la acoge”.
El dilema del retorno
A pesar de los esfuerzos de regularización y las cifras de integración parcial, el arraigo de la comunidad venezolana en suelo peruano comienza a mostrar matices.
Un estudio reciente de ACNUR, citado por Laura Almirall, revela un cambio en las expectativas: en 2018, el 73% de los venezolanos planeaba quedarse en Perú. Para 2022, ese porcentaje superó el 90%, pero la medición más reciente indica que solo el 62% desea permanecer a largo plazo.
“Un 30% de los venezolanos que viven en el país expresa el deseo de retornar a Venezuela en un margen de cinco años y un 8% de ese grupo desearía regresar dentro de los próximos 12 meses, si las condiciones lo permitieran”, precisó Almirall en diálogo con RPP.
Este replanteamiento de expectativas responde a cambios tanto en el contexto venezolano como en la situación local peruana. Las condiciones políticas en Caracas, la persistencia de la informalidad y las crecientes dificultades para acceder a derechos básicos influyen en las decisiones de quienes migraron.
Del apoyo a la desconfianza
El arribo masivo de venezolanos a Perú y Chile no solo ha tenido consecuencias económicas y demográficas, sino que también ha transformado la percepción ciudadana sobre la migración.
Según Latinometrics, ocho de cada diez peruanos consideran que la inmigración es perjudicial, la cifra más alta registrada en América Latina junto con Ecuador. El promedio regional se ubica en 51,4%.
El análisis atribuye este cambio de percepción a la visibilidad de la comunidad venezolana y al discurso público que asocia la migración con la inseguridad y la escasez de empleo.
El auge de narrativas que vinculan a migrantes con el aumento de la delincuencia y el deterioro institucional ha encontrado eco en sectores políticos y en campañas presidenciales recientes.
En el caso peruano, la elección de Keiko Fujimori estuvo marcada por una retórica de mano dura y por el uso de la migración como tema central de debate.
El caso chileno
Si bien Chile no concentra un porcentaje tan elevado de migrantes venezolanos como Perú, el país también se ha convertido en destino relevante. Según cifras de Naciones Unidas, cerca de 700.000 venezolanos residen en Chile.
El flujo migratorio, aunque menos numeroso en proporción, ha generado tensiones similares en la esfera pública y política, con un aumento de la percepción negativa hacia los extranjeros.
En ambos países, la migración venezolana ha servido de válvula de escape para la frustración social, especialmente en contextos de inestabilidad política y aumento de la criminalidad.
El informe de Latinometrics señala que, en Perú, la narrativa que vincula migración con delitos de alto impacto y la expansión de organizaciones criminales ha permeado la opinión pública.
Casos puntuales han sido utilizados para alimentar un discurso de riesgo social, pese a que no existe evidencia que relacione directamente la exposición a migrantes con un incremento de la xenofobia.
Restricciones y regulaciones
Tanto Perú como Chile han respondido al aumento de la migración venezolana con medidas que combinan aperturas humanitarias y restricciones administrativas. El gobierno peruano, tras una fase inicial de flexibilidad, limitó el acceso a permisos y endureció los requisitos para el ingreso y la residencia, en un intento por controlar el flujo.
El caso chileno incorpora particularidades recientes. Tras los terremotos en Venezuela, el gobierno de Chile habilitó la salida rápida de migrantes venezolanos con pasaportes vencidos, al margen de su estatus migratorio, para colaborar en la reconstrucción o reencontrarse con familiares.
Esta medida, anunciada por Frank Sauerbaum, director del Servicio Nacional de Migraciones, busca facilitar el retorno humanitario, aunque la suspensión de relaciones diplomáticas entre ambos países ha dejado a miles de venezolanos en un limbo burocrático.
El contexto regional
El éxodo venezolano ha redefinido la movilidad en toda Sudamérica. De acuerdo con estimaciones de Naciones Unidas y el Banco Mundial, cerca de 7,9 millones de personas han salido de Venezuela en busca de protección y una mejor calidad de vida. Perú y Chile, junto con Colombia y Ecuador, encabezan la lista de destinos preferidos, concentrando la mayor parte de esta diáspora.
Mientras tanto, la migración peruana mantiene fuerza, especialmente hacia Estados Unidos, España y Chile. Las causas responden a factores estructurales, como el alto nivel de informalidad laboral (cercano al 75% entre adultos y 87% entre jóvenes, según Latinometrics) y la persistente inestabilidad política.
Fenómeno en evolución
La crisis democrática en Perú y la transición política en Venezuela bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez marcan un punto de inflexión. Las próximas políticas y la evolución de las condiciones internas en ambos países influirán en la permanencia, el retorno o la integración de millones de migrantes venezolanos en la región.
En palabras de Laura Almirall, “cuando accede a documentación, educación, salud y empleo, (el migrante) puede reconstruir su vida y contribuir a la comunidad que la acoge”.
El desafío para Perú y Chile radica en equilibrar la gestión de la movilidad internacional con la cohesión social y la protección de los derechos humanos, mientras los flujos migratorios continúan dando forma al mapa sudamericano.
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