La Sala Penal de Apelaciones de Juliaca confirmó la sentencia de 35 años de cárcel contra el expolicía condenado por el asesinato en Perú del suboficial de segunda José Luis Soncco, durante las protestas antigubernamentales ocurridas en enero de 2023.
Según confirmó, mediante su cuenta de X, la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la sentencia firme N.° 08-2026 se ratificó la condena contra el expolicía Erusbel Apaza.
Cabe recordar que inicialmente se pensó que Soncco murió calcinado el 9 de enero de 2023, cuando manifestantes quemaron el vehículo policial en el que se encontraba, en el contexto de los disturbios sociales, pero las investigaciones determinaron que, antes, Apaza agredió al suboficial y que este habría fallecido por un golpe en la cabeza.
El general de la Policía, Óscar Arriola, explicó en marzo de 2023, cuando se capturó a tres sospechosos del crimen, que Apaza fue pasado a retiro de la PNP en 2020 por medidas disciplinarias.
Igualmente, Apaza fue declarado culpable de los delitos de disturbio agravado y sustracción de armas, pues cuando fue detenido encontraron el arma de Soncco en la casa del expolicía.
Esto fue confirmado por el general Arriola también en marzo de 2023, quien además añadió que, al momento de la detención, se encontraron en su domicilio cartuchos, así como dinero en efectivo.
Policía de Perú valora condena contra expolicía por asesinato de suboficial en protestas
La Policía Nacional de Perú (PNP) se refirió en redes sociales este sábado a la sentencia firme de la Sala Penal de Apelaciones de Juliaca, que confirmó los 35 años de prisión y una reparación civil, una pena ya dictada en junio de 2025.
“Cuando se ataca a un policía, se ataca al Estado. Este fallo no solo sanciona un crimen, sino que sienta un precedente histórico en la defensa de la autoridad, confirmando la responsabilidad por los delitos de disturbios agravados y sustracción o arrebato de arma de fuego”, agregó la PNP.
Además, se ratificó el pago de 180.000 soles (53.700 dólares o alrededor de $49 millones) como reparación civil a favor de la familia del efectivo policial y 25.000 soles a favor del Estado (cerca de $6.400.000).
La PNP recordó a la ciudadanía que “la violencia colectiva no es protesta“, que el ataque a la autoridad no quedará impune y que la vida de un policía se respeta.
Durante las protestas antigubernamentales de finales de 2022 e inicios de 2023, que pedían la renuncia de la entonces presidenta Dina Boluarte (2022-2025) y el cierre del Congreso, fallecieron 49 personas en la represión de las manifestaciones.
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