La madrugada del viernes marcó el fin abrupto del gobierno de Dina Boluarte, la primera mujer en la historia en asumir la presidencia del Perú y la cuarta mandataria destituida por el Congreso en lo que va de siglo. Su salida no fue producto de un escándalo de corrupción —aunque los enfrenta— sino de su fracaso en combatir la ola de crimen organizado que asola al país, según argumentaron los legisladores al declarar su “permanente incapacidad moral”.
El Congreso peruano, dominado por fuerzas de derecha que hasta hace poco respaldaban su gestión, votó con una contundente mayoría de 122 votos a favor su destitución, en una sesión que pasará a la historia como una de las más rápidas y unánimes de la convulsa política limeña.
Boluarte, con apenas un 3% de aprobación popular, ofreció un mensaje pregrabado desde el Palacio de Gobierno, sin la banda presidencial y escoltada por sus ministros.
Aunque aceptó la decisión del Parlamento, su discurso fue interrumpido por todos los canales de televisión, incluso el estatal TV Perú. Minutos después, abandonó el palacio en su vehículo oficial y su paradero se volvió incierto durante horas, alimentando rumores sobre un posible intento de asilo en embajadas vecinas.
El crimen, el punto de quiebre para Dina Boluarte
La decisión del Congreso se sustentó en la incapacidad del Ejecutivo para frenar la inseguridad ciudadana y el avance del crimen organizado, fenómenos que en los últimos meses golpearon con fuerza tanto a Lima como a las regiones del norte y sur del país.
Perú registra cifras récord de homicidios, extorsiones y sicariato, y pese a múltiples estados de emergencia decretados por Boluarte, la violencia siguió en aumento. Y si bien la presidenta había prometido una “mano firme”, su estrategia fue vista como improvisada y sin resultados tangibles.
Asimismo, se le investiga por supuestamente recibir regalos lujosos como relojes Rolex no declarados, no informar de que estaría impedida físicamente para ejercer el cargo cuando se sometió a una serie de cirugías estéticas, y encubrir supuestamente la fuga del líder del partido marxista Perú Libre, con el que ella y Castillo ganaron las elecciones de 2021.
Cabe destacar que el golpe político se consumó a menos de seis meses de las próximas elecciones generales, previstas para 2026. En su lugar asumió José Jerí, presidente del Congreso y miembro del partido derechista Somos Perú, quien ejercerá el poder de forma interina hasta los nuevos comicios.
Una historia que se repite: siete presidentes en nueve años
Con la caída de Boluarte, Perú suma siete mandatarios desde 2016, confirmando su reputación como uno de los países más inestables políticamente en América Latina.
Antes de ella, Pedro Castillo fue destituido en diciembre de 2022 tras intentar disolver el Congreso e instaurar un gobierno de excepción. Dos años antes, en 2020, Martín Vizcarra, cayó tras ser acusado de corrupción cuando era gobernador de Moquegua.
Así también, Pedro Pablo Kuczynski renunció en 2018 ante la inminente aprobación de una moción de vacancia. Y Alberto Fujimori, en 2000, fue destituido en ausencia, tras huir a Japón en medio del escándalo de los “vladivideos”, grabaciones donde su principal asesor y jefe del Servicio de Inteligencia, Vladimiro Montesinos, recibía coimas.
A estos se suman los exmandatarios Alejandro Toledo, Ollanta Humala y el fallecido Alan García, todos investigados o condenados por casos de corrupción ligados a la trama Odebrecht.
La lista ilustra un patrón crónico de crisis institucional donde la figura presidencial parece siempre condenada al desgaste y la destitución.
Perú, atrapado entre la desconfianza y la violencia
Dina Boluarte, que llegó al poder tras la caída de Castillo y prometió “unidad y reconstrucción”, terminó su gestión marcada por la represión de protestas, más de 50 muertos en manifestaciones y once investigaciones fiscales abiertas.
Su salida evidencia que la política peruana sigue siendo rehén del enfrentamiento entre poderes, la desconfianza ciudadana y la incapacidad del Estado para garantizar seguridad.
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