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José Jerí Ore asume la presidencia de Perú tras la destitución de Dina Boluarte por incapacidad moral permanente, convirtiéndose en el séptimo mandatario en nueve años. La vacancia exprés se desencadenó por presiones políticas y apoyo de Fuerza Popular y otras agrupaciones, marcando una crisis política que refleja la volatilidad en la región. Expertos advierten sobre una captura del Estado por organizaciones criminales, mientras Jerí promete un gobierno de transición y lucha contra la delincuencia.
El Perú amaneció este viernes 10 de octubre teniendo a un nuevo presidente de la república. José Jerí Ore, quien ocupaba la titularidad en el Congreso, se convirtió en el flamante jefe del Estado peruano por la figura de sucesión constitucional, tras la vacancia exprés de Dina Boluarte por incapacidad moral permanente. Es el séptimo mandatario en el país en apenas nueve años.
La destitución de Boluarte refuerza una tendencia que ha instalado a tantos presidentes como ha sido posible en menos de una década, un fenómeno inédito en la política peruana y de la región.
La nueva jefatura de Estado ahora recae en Jerí, de 38 años, quien asume la presidencia del país al encontrarse a la cabeza del Poder Legislativo, conforme indica la Constitución.
El inicio de la crisis
Ollanta Humala fue el último mandatario en completar íntegramente su periodo presidencial, que concluyó en julio de 2016. Tras su salida, el cargo pasó a Pedro Pablo Kuczynski, elegido en comicios, aunque su gestión terminó abruptamente en una renuncia por presiones políticas derivadas del escándalo Lava Jato.
Enseguida, Kuczynski cedió el Ejecutivo en marzo de 2018. A partir de ese momento, la inestabilidad se consolidó con relevos cada vez más
veloces: Martín Vizcarra asumió por ser primer vicepresidente, pero también fue destituido por incapacidad moral por la vía de la vacancia.
Su lugar lo ocupó Manuel Merino, cuyo mandato apenas se sostuvo cinco días, tras multitudinarias manifestaciones en Lima y regiones que pedían su salida. Las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, ocurridas la noche del 14 de noviembre del 2020, marcaron una página negra de ese capítulo de crisis política que ya avizoraba como interminable.
Francisco Sagasti tomó la posta luego como presidente de transición. En las elecciones generales de 2021, ganó el desconocido profesor rural Pedro Castillo a la tres veces candidata presidencial Keiko Fujimori. Pero este tampoco logró completar su mandato tras una destitución apoyada en la imputación de haber protagonizado un autogolpe de Estado el 7 de diciembre de 2022.
En el último mes de ese año, finalmente, Boluarte accedió a la presidencia —curiosamente también por la tan mencionada sucesión constitucional que ahora lleva a Jerí a sucederla— y permaneció hasta su vacancia definitiva la madrugada del 10 de octubre de 2025.
El giro decisivo
El proceso de la vacancia exprés activó una intensa jornada parlamentaria, con antecedentes en repetidas mociones archivadas gracias al respaldo de las bancadas de centro y derecha.
No obstante, el giro decisivo comenzó la tarde del 9 de octubre, cuando Fuerza Popular (FP) expresó públicamente su apoyo a la destitución, hecho que provocó una reacción en cadena entre las agrupaciones que, hasta ese momento, habían sostenido a Boluarte.
Movimientos como Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú y otras fuerzas políticas pronto manifestaron adhesión al recambio de gobierno y terminaron sumando los votos necesarios para concretar la salida de Boluarte.
La sesión en el Congreso fue preparada con celeridad tras los episodios de inseguridad ocurridos en los días previos, que se acentuaron con el atentado contra la emblemática orquesta de cumbia Agua Marina, que venía siendo extorsionada.
El hecho criminal, presuntamente protagonizado por dos pistoleros, dejó cuatro heridos la noche del 8 de octubre. El evento se celebraba nada menos que en un recinto militar al sur de Lima. Sin embargo, la delincuencia no tuvo temor en disparar. Señal, para algunos, que el gobierno de Boluarte era insostenible.
Mociones y ausencia
El pleno del Congreso de la República admitió a trámite varias mociones elaboradas por bancadas de diverso signo político. Aunque Boluarte recibió la citación para ejercer su defensa para las 11:30 de la noche de ese mismo jueves 9, optó por no comparecer, decisión que su defensa legal justificó en la supuesta falta de garantías del proceso. La votación resultó con 121 votos a favor de su vacancia.
En paralelo al desenlace parlamentario, trascendieron negociaciones y rumores sobre posibles renuncias o designaciones de transición en busca de postergar el proceso, maniobras que no prosperaron.
BioBioChile conoció que incluso existieron propuestas de gabinete provisional formuladas por la ahora exmandataria a APP y FP, pero ambas agrupaciones recomendaron su dimisión directa, sin éxito.
Conforme avanzaba la tarde del 9 de octubre, la dirigencia de Somos Perú barajó nombres para un gabinete de transición, anticipando la inminencia del relevo presidencial.
Las horas previas estuvieron marcadas también por versiones cruzadas en el interior del Parlamento sobre intentos de censura a la nueva Mesa Directiva, pero la moción presentada no prosperó y la sucesión de José Jerí quedó confirmada ante la mayoría legislativa. Así se convertía en el séptimo dignatario en menos de 10 años.
Una nueva página
Tras la votación en pleno congresal, Boluarte se pronunció aún desde Palacio de Gobierno, acompañada de sus ministros, sin que su mensaje alcanzara a terminar en la transmisión estatal, interrumpida para dar paso a la ceremonia en el Congreso, donde Jerí se convertía formalmente en el flamante jefe del estado peruano.
En su primer mensaje, Jerí afirmó: “Hoy asumo con humildad la
presidencia de la República por sucesión constitucional, para instalar y dirigir un gobierno de transición, de empatía y de reconciliación nacional, de amplia base. Tenemos que construir, juntos, acuerdos mínimos”.
Prometió, además, “ganar la guerra contra la delincuencia y garantizar la legalidad de las elecciones generales del 2026”. La tarea del nuevo mandatario se desarrollará en el contexto de un calendario electoral ya fijado para dentro de seis meses, donde Jerí buscará garantizar la seguridad y la transparencia del proceso.
Volatilidad política
El número de presidentes que han pasado por el Palacio de Gobierno peruano desde el final del mandato de Ollanta Humala refleja el grado de volatilidad política.
No es menor que los últimos jefes de Estado terminaron sus funciones bajo investigaciones, procesos judiciales, exilios o destituciones, lo que evidencia —según expertos— una “crisis institucional prolongada”.
El trasfondo de esta inestabilidad desborda la coyuntura inmediata de Boluarte y obedece, de acuerdo a los mismos especialistas, a factores “de mayor profundidad”.
El exasesor ministerial Antonio Quispe advirtió que “el Perú vive hoy una captura del Estado por organizaciones criminales que han hecho del Congreso su centro de operaciones. No hablamos de ‘política’ en el sentido democrático, sino de delincuencia organizada con poder legislativo, que protege sus intereses, desmantela instituciones y bloquea cualquier reforma que pueda devolvernos un país funcional”.
El constitucionalista Luciano López planteó que “los partidos que gobiernan desde el Congreso ya no necesitaban a Boluarte. Captaron al TC (Tribunal Constitucional), la Defensoría, la JNJ (Junta Nacional de Justicia), recientemente a la Fiscalía de la Nación y van regresando jueces supremos destituidos que se integran al máximo órgano de gobierno del Poder Judicial.
Aprovecharon la oportunidad para deshacerse de ella y tratar de desmarcarse del co-gobierno, vísperas de las elecciones a la que estos partidos y estos congresistas postularán”.
El exjefe de Gabinete Ministerial Pedro Cateriano sostuvo: “La anarquía política del país continúa. La crisis política se agravó con el comportamiento gansteril, inepto y frívolo del gobierno que acaba de caer y de sus aliados parlamentarios.
Las próximas elecciones generales serán determinantes, para detener el avance de los partidos políticos, que hoy ejercen el poder violando la legalidad impunemente”.
“Presidencialismo imperfecto”
Respecto al impacto de un nuevo cambio presidencial, el especialista en Derecho Constitucional Carlos Gonzalez remarcó que el país ha evolucionado hacia un modelo de “parlamentarismo o presidencialismo imperfecto”, donde el presidente depende del Parlamento y el artículo 113, inciso 2, de la Constitución otorga al Congreso una capacidad amplia para invocar “incapacidad moral permanente”.
Según González, esa discrecionalidad genera inestabilidad y debilita la legitimidad de las instituciones: “La frecuente rotación presidencial banaliza el cargo más representativo de la nación y alimenta la desconfianza ciudadana en la democracia”, dijo.
El politólogo Alonso Cárdenas señaló que “la gobernabilidad está fragilizada”, con bajos niveles de aprobación institucional.
En tanto, el también politólogo Martín Soto Florián advirtió sobre el riesgo de convertir la incapacidad moral permanente en un recurso de uso arbitrario, lo que compromete el principio de igualdad y las garantías ciudadanas. Propuso que la nueva Mesa Directiva del Congreso asegure un proceso electoral limpio, sin la continuidad del régimen saliente, y convoque a un gabinete capaz de restaurar la seguridad y supervisar la gestión pública.
Cárdenas, además, resaltó la necesidad de una “transformación de fondo en la representación política”, ante el desencanto ciudadano y el descrédito de los líderes actuales.
El futuro inmediato
Sobre el futuro de José Jerí, el especialista en Derecho Procesal Constitucional y Derecho Electoral José Naupari afirmó que es “poco probable” que se repita una situación como la producida durante el breve mandato de Manuel Merino.
“Personalmente, dudo mucho que se suceda lo mismo que el 2020. José Jerí será el presidente encargado de la República hasta julio del 2026, así haya marchas. Por ahí habría cambios en el encargado de la presidencia del Congreso, a lo mucho”, expuso.
Naupari también precisó que Boluarte cuenta legalmente con la prerrogativa de antejuicio durante cinco años posteriores a su salida, lo que podría darle cierto aire de impunidad ante los ojos de un sector de la ciudadanía.
La situación personal y jurídica de la expresidenta se mantiene bajo incertidumbre. Hasta las primeras horas del 10 de octubre, no se conocía el paradero de Boluarte, de acuerdo con reportes televisivos locales.
Se multiplicaron versiones sobre un posible asilo en una embajada extranjera —la de Ecuador figuraba entre las posibilidades— e incluso la eventual salida del país en un vuelo privado.
Mientras tanto, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, anunció que solicitaría un impedimento de salida la mañana del viernes 10. Afirmó que el gobierno de Boluarte ya estaba “totalmente debilitado” y que esa falta de respaldo provocó su destitución.
El máximo representante del Ministerio Público también aseguró que las investigaciones contra la exmandataria continuarán y que el Tribunal Constitucional había paralizado en parte los procesos, aunque con la vacancia estos retomarán impulso.
El futuro inmediato encierra interrogantes sobre el destino judicial de Boluarte y los pasos del nuevo Ejecutivo, en un escenario político que mantiene los reflectores internacionales sobre el devenir peruano. Total, van siete presidentes y en menos de 10 meses jurará el octavo.
