Una investigación judicial en curso en Argentina reveló una compleja red de vientres subrogados -o vientres de alquiler- con conexiones internacionales, que operaba a través de redes sociales y presuntamente involucraba prácticas cercanas a la trata de personas.
El caso salió a la luz cuando una mujer de Córdoba, que había accedido a gestar un bebé para una ciudadana francesa, dio a luz de manera prematura a un niño con problemas neurológicos. La mujer contratante se negó a recibir al recién nacido porque “el contrato establecía que debía ser un bebé sano”.
Servicio de vientres de ‘alquiler’ en redes sociales
Todo comenzó con un grupo de Facebook llamado Gestación Solidaria Argentina, donde mujeres ofrecían o solicitaban vientres de alquiler (subrogados). Desde allí, la cordobesa fue contactada por representantes de Sudamérica Surrogant, una empresa dirigida por la doctora Ester Núñez, que se dedica a conectar a personas del exterior con posibles gestantes en el país.
Según la investigación, Núñez sería la cara visible y principal operadora de esta red, que además trabaja con el laboratorio Cegyr, encargado de los procedimientos médicos de fertilización y transferencia de embriones.
La mujer viajó a Buenos Aires para firmar un contrato con supuestas irregularidades: no se establecían montos ni condiciones precisas.
Sin embargo, la fiscal a cargo del caso determinó que la ciudadana francesa habría pagado entre 50.000 y 60.000 dólares, mientras que la gestante recibió entre 10.000 y 15.000 en pagos parciales y sin recibos oficiales.
Durante el embarazo, la mujer fue inscrita en una prepaga y alojada en un departamento costeado por la empresa. A los siete meses, comenzó a sentirse mal y acudió al Sanatorio Allende, en Córdoba, donde dio a luz a un bebé prematuro en noviembre de 2024.
Gestante, no madre del bebé
Ante el cuadro del recién nacido, el hospital activó los protocolos judiciales y dio intervención a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y al fiscal Enrique Senestrari, luego de que la gestante declarara que “no era la madre del bebé” y que solo había alquilado su vientre.
La Justicia determinó que el niño debía quedar bajo guarda, mientras la causa pasó a manos de la fiscal federal Alejandra Mangano, quien ya investigaba denuncias previas contra Sudamérica Surrogant. En el expediente, que supera las 100 páginas y acumula 48 denuncias, también figuran abogados, escribanos, médicos y laboratorios implicados.
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