Las detenciones se realizaron en un megaoperativo desarrollado en la madrugada del jueves, que conllevó más de 38 órdenes judiciales de detención y 75 allanamientos de viviendas en siete de las veinticuatro provincias del país, con el despliegue de más de 900 personas entre fiscales y policías.
La Fiscalía de Ecuador solicitó el ingreso de medidas cautelares para 30 detenidos por el caso denominado ‘Metástasis’, entre quienes se encuentra el ez juez Ronald Guerrero Cruz, conocido por ser el responsable de ordenar el reconocimiento de la ciudadanía ecuatoriana al jugador de fútbol Byron Castillo.
Las detenciones se realizaron en un megaoperativo desarrollado en la madrugada del jueves, que conllevó más de 38 órdenes judiciales de detención y 75 allanamientos de viviendas.
Todo lo anterior, llevado a cabo en siete de las veinticuatro provincias del país, con el despliegue de más de 900 personas entre fiscales y policías.
Según lo dio a conocer el medio Ecuavisa, Ronald Guerrero fue quien ordenó al registro civil del país latino -en 2021- que se le otorgara la cédula ecuatoriana al entonces jugador de Barcelona.
Recordemos que la entidad pública iba a apelar la decisión del juez Guerrero “ya que el cuerpo legal encontró varias inconsistencias en la documentación de Castillo”.
Además, Castillo es un jugador conocido en nuestro país, debido a la polémica que se desató debido a que su origen viene siendo discutido desde 2021 y un juicio habría determinado que es ‘cafetalero’.
Casa Metástasis
El Ministerio Público también pidió en la audiencia a cargo del juez Felipe Córdova, de la Corte Nacional de Justicia, que las cuentas bancarias de los 31 detenidos sean retenidas –
Para la Fiscalía, todos los detenidos eran parte de una estructura creada en diferentes niveles del Estado y en varias provincias del país.
Todo lo anterior, para favorecer a Leandro Norero, uno de los presuntos grandes narcotraficantes de Ecuador, asesinado el año pasado en la cárcel de Latacunga, a 70 kilómetros al sur de Quito.
Al registrar los teléfonos celulares de Norero tras su asesinato halló “evidencias” de una red de influencias y sobornos.
Esto, conformado por funcionarios judiciales de la Corte Nacional y cortes provinciales de Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Cotopaxi y Guayas, a cambio de beneficios judiciales.
