Desde hace años lo que sucede en el terreno ligado al muelle Barón ha causado conflictos en la región de Valparaíso. Todo comenzó con el millonario proyecto donde se iba a construir el “Mall Barón”, dependiente del Holding Falabella a través de Mall Plaza, el que fue declarado ilegal por la Corte Suprema en 2017, luego de 10 años de litigio.
Después del fallo, el plan cambió radicalmente. Se presentó el proyecto del “Parque Barón”, idea que se pensaba que avanzaría rápidamente. Contó con un concurso público, con más de 17 mil millones de pesos destinados al proyecto, que considera la construcción de plazas, áreas verdes, un paseo de costanera con pista recreativa, y la creación de la Vía Bicentenario y dos pasarelas y accesos por Barón y por calle Francia.
Pero lo que parecía que avanzaba bien, se vio totalmente paralizado cuando la Contraloría General de la República (CGR), en marzo de 2021, se abstuvo de la toma de razón por similitudes en las ofertas de los contratistas. Lo que fue ratificado, dos años después, en el informe final entregado el 30 de abril recién pasado.
El documento enfatiza que “se comprobaron diversas situaciones en las licitaciones públicas adjudicadas por el SERVIU de Valparaíso”, cuyos antecedentes fueron enviados a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y a la Fiscalía Regional de Valparaíso.
Propuestas idénticas y profesionales compartidos
El informe del ente contralor, de 63 páginas, explica que hay dos adjudicaciones que darían cuenta de la existencia de vínculos entre los contratistas. “Se comprobaron diversas situaciones en las licitaciones públicas adjudicadas por el SERVIU de Valparaíso al señor XXXX por un monto total de $34.424.685.837, como asimismo, con una licitación pública adjudicada a la empresa ECMOVIAL Ltda., por $2.670.339.065, las cuales darían cuenta de la existencia de vínculos entre ambos contratistas y posibles contactos previos a la presentación de sus ofertas, lo que pudo afectar la competitividad de tales procesos, y, por ende, el debido y racional uso de los recursos públicos comprometidos”.
En el documento de Contraloría, al que Radio Bío Bío tuvo acceso, el nombre de la persona que se adjudicó parte de la licitación no fue revelado. Sin embargo, en 2021, cuando el caso salió a la luz, fue identificado como Waldo Sánchez Román.
Uno de los puntos que la Contraloría advirtió en el documento es que en las ofertas presentadas tanto por ECMOVIAL Ltda y por Sánchez se “incorporaron 9 formatos tipos elaborados en términos idénticos o casi idénticos” y “se comprobó que la caligrafía empleada para redactar la oferta económica presentada por dichos proveedores en las aludidas licitaciones es prácticamente la misma”.
Se detalló que en el “Formato tipo 6 Descripción Métodos Constructivos”, que fue presentado por ambos contratistas en la licitación “Programa Vialidad Urbana, Mejoramiento Eje Marga-Marga, comuna de Quilpué”, existe “una idéntica redacción para la ejecución técnica de 7 ítems”.
De igual forma se identificó que “el equipo de profesionales empleado por ECMOVIAL Ltda., en la licitación ID 704093-42-O122, “Construcción Calle Mesana Etapa 2, Proyecto Macro Camino de Agua y Transversales, comuna de Valparaíso”, incluyó 5 profesionales que también formaron parte de los equipos utilizados por el señor XXX en las citadas licitaciones públicas 704093-58-LR18, 704093-113-O120 y 704093-133-O120, entre ellos un hermano de este último”.
¿Libre competencia?
Por todo lo antes mencionado y “atendido que las prácticas antedichas podrían constituir una infracción al principio de libre competencia, esta Sede Regional remitirá copia del presente documento a la Fiscalía Nacional Económica”.
Pero también la Contraloría indicó que “el SERVIU de Valparaíso deberá adoptar las medidas de control que resulten pertinentes para detectar y prevenir tales conductas, comunicando oportunamente lo pertinente, si correspondiere, a la Fiscalía Nacional Económica, lo que debe ser informado a esta Contraloría Regional en el plazo de 60 días a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR”.
Asimismo, se advirtió que el “SERVIU de Valparaíso no verificó la información declarada por dicho contratista en el citado formato tipo 17, por lo que esa entidad, en lo sucesivo, debe adoptar las medidas que permitan evitar tales situaciones”.
Documentos bancarios sin validación
Otro punto que da cuenta la Contraloría es que “el Agente Empresas del Banco Itaú informó a esta Contraloría Regional que los documentos que figuran emitidos a nombre de ese banco, entregados por el citado contratista a la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, y que habrían servido para emitir los citados certificados en el RENAC, no eran documentos que hayan seguido los procedimientos y validaciones exigidos por esa institución bancaria, por lo que no podía confirmar que la información en ellos fuera efectiva”.
A juicio de Contraloría, esto da cuenta que la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso “no efectuó las diligencias suficientes que le hayan permitido verificar de manera oportuna el capital declarado por el señor XXX en los indicados documentos, en circunstancias que el artículo 16 del decreto N° 127, de 1977, del MINVU, establece esa posibilidad”.
Por lo anterior, deberán iniciar “un proceso sancionatorio en contra del señor, lo que deberá ser informado a esta Contraloría Regional en el plazo de 60 días hábiles mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR”.
En ese contexto, la CGR resolvió reportar la situación al Ministerio Público, “considerando que las situaciones advertidas podrían revestir caracteres de delito, esta Entidad de Control remitirá copia del presente informe a la Fiscalía Regional de Valparaíso”.
Parque Barón: Contraloría detecta posibles faltas a libre competencia en proyecto de $34 mil millones
