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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, mostró preocupación por la ley de "agentes extranjeros" aprobada en Georgia, similar a la de Rusia, que podría ser usada para reprimir a la oposición. La normativa georgiana etiquetaría como "organizaciones que actúan en interés de una potencia extranjera" a entidades con más del 20% de financiamiento externo, lo que afectaría la libertad de expresión y asociación.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, expresó este miércoles su consternación ante la recién aprobada ley sobre “agentes extranjeros” en Georgia, que como en Rusia se anticipa que será utilizada para perseguir y acallar a la oposición.

La ley adoptada por el Parlamento georgiano prevé que las organizaciones civiles y medios de comunicación que reciban más del 20% de su financiación de fuentes foráneas serán declaradas como “organizaciones que actúan en interés de una potencia extranjera”, algo que, según Türk, significará estigmatizarlas, además del impacto negativo que tendrá en la libertad de expresión y asociación.

“Esta ley excesivamente amplia entraña el riesgo de que estas organizaciones sean etiquetadas y estigmatizadas, y tengan que enfrentarse a una atmósfera de desconfianza, miedo y hostilidad”, indicó en un comunicado el alto comisionado.

La controvertida legislación fue aprobada pese al rechazo de la oposición, de países occidentales y de manifestaciones ciudadanas en contra.

Mientras tanto, la presidenta del país, Salomé Zurabishvili, ha adelantado que vetará la ley, pero un segundo voto a favor de la ley anularía el veto presidencial.

Türk advirtió que el registro de las organizaciones civiles tiene como objetivo silenciar a voces disidentes e instó a las autoridades a archivar la ley y entablar un diálogo con los medios de comunicación y organizaciones afectadas, así como con los defensores de los derechos humanos.

También pidió investigar “sin demora” las denuncias de violencia y malos tratos en el contexto de las protestas civiles previas a la aprobación de esta norma.