La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, vive un duro momento luego de que un fiscal pidiera que se condene a la expresidenta a 12 años de prisión en un caso por presunta corrupción. La autoridad argentina ha sorteado los pedidos de prisión preventiva dictados en su contra en diversas causas —en muchas de las cuales fue sobreseída— gracias a los fueros que le protegen, siempre ha defendido su inocencia y ha asegurado ser blanco de una persecución política.

Después del pedido de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que hizo ayer el fiscal del juicio de la Obra Pública Diego Luciani, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, respondió hoy por fuera de la vía judicial en la transmisión “Derecho de defensa”.

“Me hubiera gustado poder hablar ante el tribunal de la misma manera en que los fiscales pudieron leer su guion, aunque no es primera vez que esto pasa”, dijo Fernández de Kirchner.

La autoridad argentina recordó un hecho ocurrido el 02 de diciembre del 2019, donde prestó declaraciones indagatorias en otra causa, donde “pedí que fuera -su declaración- televisada pero no se me permitió”.

“No debía sorprenderme, porque como dije en esa oportunidad, la sentencia ya estaba escrita”, aseveró Cristina Fernández.

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La autoridad de Argentina está acusada por el presunto delito de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos.

Esto, debido a supuestas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante su mandato entre 2007 y 2015 y del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) en la austral provincia de Santa Cruz.

“Derecho de Defensa” de Cristina Fernández

Por medio de la transmisión en vivo que realizó en su canal de YouTube, Cristina Fernández criticó tanto a la justicia como a los medio de comunicación argentinos.

Recogiendo distintas tapas de medios, agregó que: “Nadie sabe de donde salen las cifras que dicen”, en referencia a los montos de la supuesta corrupción que se juzga.

En el noveno alegato, Luciani aseguró que el desfalco contra el estado fue de más de 5 mil millones de dólares.

Luego comenzó a mencionar el funcionamiento de un dispositivo judicial creado “desde Casa Rosada” por el ex presidente Mauricio Macri.

“Fabián Rodríguez Simón -operador judicial de Mauricio Macri- amenazó a la procuradora Alejandra Gils Carbó para que renuncie”, aseguró sobre el prófugo conocido como “Pepín”.

Posteriormente mostró una fotografía del ex integrante del Parlasur con Elisa Carrió y la diputada Mariana Zuvic.

También habló sobre la denominada “Gestapo macrista”, luego de que se filtrara un video del ex ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal; Marcelo Villegas, hablando de crear un grupo para apresar a dirigentes gremiales.