Tras los comicios del 6 de junio, y el triunfo de Morena en 11 de las 15 gubernaturas en disputa, la 4T de AMLO planea negociar ‘pacificación’ con narcos.

Tras los resultados en las elecciones del 6 de junio, el triunfo del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en 11 de las 15 gubernaturas en disputa podría tener un impacto no solo en la geopolítica de México sino también en geo-criminalidad.

Tras la victoria del partido oficial, donde tienen presencia uno o más carteles de la droga, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estaría planeando iniciar un plan que denominan “pacificación”.

Este plan consistiría en negociar “nuevas reglas”, según le llaman internamente, con los distintos carteles de la droga que operan en los estados ganados.

El objetivo principal es que disminuyan los homicidios dolosos y algunos tipos de criminalidad a cambio de que el gobierno local y federal se hagan de la vista gorda del negocio de producción y tráfico de estupefacientes como en realidad sucede ya desde ahora, pero con las llamadas “nuevas reglas”.

Se trataría de una versión Cuarta Transformación (4T) de la pax mafiosa que operaba el régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Una negociación Estado-mafia, cuyas guerras y las redes de corrupción han causado masacres infames.

Si este plan se concretara, se convertiría en la expresión más clara de la política de ‘abrazos no balazos’ ofrecida por AMLO al inicio de su mandato cuando declaró el fin de la guerra contra los carteles de la droga.

“Oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz”, dijo el mandatario mexicano en febrero de 2019, aunque dicha paz no ha llegado.

“No hay que olvidar que la política, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación, para evitar la guerra. Cuando se declara la guerra al narcotráfico, la política se va al carajo”, insistió el mandatario.

¿Son más enemigos de AMLO una sociedad pensante que los criminales? Con los primeros no puede negociar, debe dar resultados, y con los segundos sí.

El primer intento fracasó

El plan no es nuevo, solo que no habían las condiciones necesarias para ponerlo en práctica.

No solo bastaba encabezar gobierno Federal como lo consiguió AMLO en 2018, sino para dar certezas en la negociación debía encabezar también el gobierno estatal.

Ahora, Morena y sus aliados tienen 11 nuevas gubernaturas, más las que ya tenían: Ciudad de México, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Puebla y Morelos.

Es decir Morena gobernará en 18 de los 32 estados y estarían en mejor posición para negociar con los carteles.

El plan de la “pacificación” en estos términos estaba desde la campaña presidencial, según lo escuché decir a diversos integrantes del equipo.

Cuando López Obrador ganó la elección de 2018, Olga Sánchez Cordero, anunció que había recibido la instrucción de AMLO para hacer lo que fuera necesario para “pacificar” al país. “Es hora de que se deje de simular”, afirmó.

Desde diciembre de 2018, Sánchez Cordero es la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob). En mayo de 2019 invitó a trabajar con ella a Ricardo Peralta Saucedo, con el cargo de Subsecretario.

Él había trabajado en el sexenio de Felipe Calderón como jefe de oficina del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Ya como subsecretario en Segob, de acuerdo con fuentes de información directas, Peralta Saucedo se decía enviado del gobierno de AMLO y presumía sus presuntas reuniones con el crimen organizado.

Se supo de sus reuniones con grupos criminales en Michoacán y él, habría narrado a diversas personas que se reunió con Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cartel de Sinaloa.

El viejo espejismo

De 1970 a 1999, el gobierno federal llevó a cabo una negociación con todas las organizaciones criminales en México repartiendo el territorio.

Se estableció lo que ellos llamaban “reglas no escritas” de no violencia y dejándolos ejercer el narcotráfico y otros crímenes con libertad.

Esto permitió a las organizaciones criminales crecer y empoderarse ocupando los espacios que las autoridades adrede fueron dejando vacíos. La violencia sin freno y la impunidad que se vive hoy en México son fruto podrido de ese árbol de la negociación con criminales.

Los gobiernos emanados del PAN encabezados por Vicente Fox y Felipe Calderón, intentaron emular al PRI copiando el esquema de negociación con el Cartel de Sinaloa.

El CS pagó millonarios sobornos por ese favoritismo. El mejor ejemplo lo encarna Genaro García Luna, titular de la Agencia Federal de Investigación con Fox, hoy encarcelado en Nueva York acusado de traficar drogas.

Algunos de los carteles de la droga en México conocen ya este plan de la 4T y algunos habrían dado señales de que lo verían positivo.

En otros estados donde hay presencia de dos y tres organizaciones criminales como Michoacán y Guerrero, las negociaciones sin duda serían más complejas.

El proyecto del gobierno federal sería regresar al espejismo con el que fueron seducidos sus antecesores. El gobierno federal no podrá evitar la violencia que ejercen las organizaciones criminales atomizadas en decenas, distribuidas por todo el país que no responden a ningún cartel.

Tampoco la 4T podrá evitar la corrupción de sus funcionarios antes, durante o después de las negociaciones, inherente al contacto con la delincuencia organizada.

Los ciudadanos como carne de cañón

En contraparte a las intenciones federales de negociar con el crimen, los nuevos 11 gobernadores de Morena tendrán que enfrentarse inmediatamente a un alto índice de violencia y a la conciencia de los ciudadanos de la inseguridad.

En 2020 cinco de los once estados ganados por el partido oficial en junio pasado, encabezaron la lista de las 10 entidades con mayor índice de homicidios dolosos en México: Baja California, Sonora, Zacatecas, Michoacán y Guerrero.

Los ciudadanos de muchas de las principales ciudades de esos estados viven con la clara percepción de la inseguridad.

De acuerdo a la última encuesta de seguridad urbana realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2021, en Tijuana, Baja California, el 77% de la población piensa que la ciudad es insegura.