La bancada PPD-Independientes ofició a la Contraloría General de la República (CGR) para que se pronuncie respecto a la eventual existencia de “informes forzados” utilizados como fundamento para la suspensión y demolición parcial de viviendas en el sector El Olivar, en la comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso.
La acción fue encabezada por el diputado Héctor Ulloa, integrante de la Comisión de Vivienda, luego de antecedentes conocidos a través de un reportaje de prensa que advierte presuntas irregularidades en el proceso administrativo que derivó en la paralización de 350 viviendas destinadas a familias damnificadas por los incendios de 2024.
Según se detalla en el oficio enviado a la contralora Dorothy Pérez, la controversia se centra en la Resolución N°3384 dictada el pasado 9 de abril por el Serviu de Valparaíso, la cual ordenó la terminación anticipada de contratos con la Constructora San Sebastián, argumentando la existencia de informes técnicos que darían cuenta de “graves fallas constructivas”.
No obstante, de acuerdo a lo expuesto en la presentación, dichos informes no habrían existido al momento de dictarse la resolución.
Oficio por demoliciones en El Olivar
Esto, ya que —según cinco fuentes independientes y correos electrónicos de fiscalizadores técnicos— los documentos fueron elaborados con posterioridad, incluso bajo presiones para ser firmados con fecha retroactiva.
En esa línea, se afirma que los Fiscalizadores Técnicos de Obras (FTO) habrían recibido instrucciones para confeccionar los informes un día después de emitida la resolución, y que estos habrían sido suscritos el 13 de abril, pero fechados el 9 del mismo mes para coincidir con el acto administrativo.
Asimismo, el documento advierte que los informes finalmente firmados no contendrían referencias a “graves fallas constructivas”, lo que generaría una contradicción con el fundamento esgrimido en la resolución que permitió poner término a los contratos.
A ello se suma que los propios funcionarios habrían manifestado por escrito haber sido “forzados” a firmar los documentos, advirtiendo además que no se les permitió oponerse a las instrucciones impartidas.
Ante estos antecedentes, el parlamentario sostuvo que, de confirmarse los hechos, se trataría de una situación “gravísima”, ya que decisiones de alta connotaciÓn —como la demolición de viviendas en construcción— podrían haberse basado en antecedentes irregulares.
Peticiones a Contraloría
En el oficio, Ulloa solicitó a la Contraloría que remita todos los actos administrativos vinculados al proyecto habitacional, que informe si existe una investigación en curso sobre la legalidad de las decisiones adoptadas y, en caso de existir, dé cuenta de sus resultados.
Además, pidió que, de estimarse que los hechos podrían constituir delito, se remitan los antecedentes al Ministerio Público.
Finalmente, el diputado enfatizó la necesidad de esclarecer lo ocurrido, considerando que la situación afecta directamente a cientos de familias damnificadas que esperan una solución habitacional en el sector El Olivar.
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