Miles de venezolanos que buscaron refugio en Trinidad y Tobago a causa de la situación en su país piden ahora ayuda para regresar a casa, debido a la pérdida de sus trabajos y otras consecuencias provocadas por la pandemia de la covid-19.

La ONG local La Casita de Arima divulgó este lunes que cada vez aumenta el número de venezolanos que quiere regresar, que según estimaciones no oficiales de organizaciones que ayudan a los inmigrantes podría situarse en 8.000 personas.

En mayo de 2019, cerca de 16.500 ciudadanos venezolanos cumplieron con un proceso de registro impuesto por el Gobierno que les permitió trabajar y vivir legalmente en Trinidad y Tobago.

El embajador de Venezuela en Trinidad y Tobago, Carlos Pérez, dijo a medios locales que hasta el viernes pasado la legación diplomática había gestionado 350 solicitudes de repatriación, realizadas por teléfono o directamente en Puerto España.

Pérez dijo que la única lista confirmada por las autoridades venezolanas es la que maneja la embajada para los viajes de repatriación que organizan los gobiernos de su país y Trinidad y Tobago.

Señaló que quienes se comunican con la embajada son evaluados caso por caso.

El diplomático indicó que la principal dificultad que enfrenta la gran mayoría de los venezolanos en Trinidad y Tobago es la falta de empleo, por lo que las autoridades de su país trabajan en un retorno que podría ser por vía marítima o aérea.

“Se están evaluando las rutas más convenientes”, sostuvo, tras matizar que aún no se han resuelto aspectos de logística.

Una lista de solicitudes de ayuda para el retorno de Venezuela la gestiona la ONG La Casita de Arima a través de conversaciones con funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional.

El ministro de Seguridad Nacional, Fitzgerald Hinds, dijo que es consciente de que algunos venezolanos quieren regresar a su país pero que, hasta el momento, no se ha tomado una decisión al respecto.

Hinds sostuvo que hace aproximadamente dos semanas tuvo una reunión con portavoces de los venezolanos que están presentes en el país.

Dijo que no se mencionó en esa reunión la cantidad de personas que esperaban regresar a Venezuela, ni se habló de la posibilidad de un regreso gratuito.

Hinds señaló que en la reunión se abordaron otros temas como la trata de personas y la protección legal de este colectivo.

La directora de La Casita de Arima, Andreina Briceño, confirmó que se habían registrado muchas personas que querían volver a casa.

Desde mediados de abril, precisó, cientos de venezolanos habían comenzado a pedir ayuda a las organizaciones de apoyo a los refugiados y a través de las redes sociales para regresar a casa.

“En conversaciones recientes con el Ministerio de Seguridad Nacional hubo propuestas para la repatriación de venezolanos, ya que el objetivo es lograr una salida para la gran mayoría a través de embarcaciones”, precisó Briceño.

Dijo que el objetivo es promover un retorno seguro y digno por su propia voluntad.

En las últimas semanas, varias familias venezolanas informaron a través de las redes sociales que habían sido desalojadas de sus hogares por no hacer frente a los alquileres.

Además, cientos de venezolanos se han puesto en contacto con organizaciones sociales para pedir comida ante la falta de recursos.

@venentrin

Deportados de Chile

El gobierno chileno expulsó este domingo a 56 inmigrantes venezolanos acusados de haber cometido delitos o haber ingresado de forma clandestina al país, en una nueva deportación confirmada por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

Los 56 venezolanos partieron del aeropuerto de Santiago en un avión comercial arrendado por el gobierno chileno y, tras realizar una escala en la ciudad de Iquique, en el norte del país, fueron trasladados a Caracas, indicó Delgado a la prensa.

El ministro explicó que una veintena de ellos “ya cumplían condenas por delitos referidos a tráfico de personas, narcotráfico y robo con violencia” y el resto “entraron de manera clandestina a Chile”.

“El proceso se lleva a cabo siguiendo cada detalle de la legislación vigente, de los acuerdos internacionales siguiendo los protocolos, indicaciones y recomendaciones de la ONU”, agregó.

Organizaciones de defensa de inmigrantes que confirmaron la nacionalidad de los expulsados protestaron por esta nueva deportación, al tiempo que un grupo de expertos de derechos humanos de la ONU indicó en mayo pasado que los inmigrantes “tienen derecho a una evaluación individual de sus casos y a quedarse en el país mientras se considera su situación migratoria”.

En febrero, Chile expulsó a más de un centenar de extranjeros, muchos de los cuales habían ingresado por pasos no habilitados, arriesgando sus vidas al cruzar el inhóspito altiplano en la frontera con Bolivia y desafiando al covid-19.

Tras ello se han registrado al menos otras dos deportaciones de decenas de inmigrantes, principalmente desde la ciudad de Iquique.

Archivo Agencia UNO