Hace 18 años una joven ecuatoriana se suicidó con fósforo blanco tras años de abusos sexuales en su escuela. La familia presentó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedir reparación y medidas para que nunca se repitan este tipo de casos.
El 12 de diciembre de 2002 de camino al colegio en Guayaquil, Paola Guzmán, de 16 años, ingirió fósforo blanco. Al llegar a la escuela, el personal no le prestó atención y la obligaron a rezar. A las tres horas, sus amigas pudieron llamar a su madre para contarle lo ocurrido. Pero ya era demasiado tarde. La joven, que estaba embarazada, murió un día después en la unidad de terapia intensiva de una clínica privada.
El infierno de la joven había comenzado dos años antes cuando el vicerrector de su escuela, Bolívar Espín, comenzó a abusar sexualmente de ella, violándola frecuentemente a cambio de ayudarla con las notas.
La menor quedó embarazada y Espín la obligó a abortar con la ayuda del médico de la escuela. Pero el doctor se negó a practicarle el aborto a menos que tuviera relaciones sexuales con él. Es en ese momento que Paola, acorralada, decidió ingerir fósforo blanco.
“El abuso que vivió mi hija lo sabían todos, lo sabía el rector, los profesores, las compañeras y no me dijeron nada”, reclamó la madre de Paola, Petita Albarracín, entre lágrimas.
Albarracín explicó también cómo sus intentos por buscar justicia para su hija fueron en vano. “Fui a la fiscalía, a la dirección de estudios, hubo mucha humillación, no me atendían, botaban los papeles”, relató Albarracín.
Humillada durante años por el Estado, el caso de su hija llega ahora a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y podría sentar precedentes para prevenir la violencia sexual en las escuelas.
La directora de derechos humanos de la Procuraduría General de Ecuador pidió disculpas a la madre de la menor por “las acciones y omisiones del Estado”. “Como representante del Estado ofrezco a la señora Petita las disculpas públicas por aquellas acciones u omisiones del Estado ecuatoriano que hayan ocasionado violaciones a los derechos de Paola”, expresó María Fernanda Álvarez. Además, el país reconoció que un mal manejo del caso a cargo de la Fiscalía permitió que prescribiera el proceso penal contra Bolívar Espín.
“Queremos que la CIDH le pida al Estado del Ecuador que repare a nuestras representadas, la madre y la hermana de Paola, y que le pida a Ecuador que adopte medidas para que estos hechos no se repitan en este país”, dijo a RFI Catalina Martínez, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos.
“Por fin vamos a tener un estándar que clarifique qué es consentimiento y por qué no es solamente víctima de abuso una niña o un niño quien, a la fuerza y a golpes, es víctima de un encuentro de naturaleza sexual o una violación. Sino que lo es también el niño, la niña o el adolescente que bajo una relación de poder, de engaño va siendo presionado y confundido sobre la naturaleza violenta y abusadora de esa relación y cómo ese consentimiento no puede ser considerado como válido”, dijo a RFI Alejandra Cárdenas, de la ONG Centro de Derechos Reproductivos, que acompaña la demanda de la madre de Paola ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Según Unicef, en América latina más de un millón de adolescentes de entre 15 y 19 años han sufrido violencia sexual alguna vez en su vida. Y tres de cada diez estudiantes adolescentes de entre 13 y 15 años son acosadas regularmente en la escuela.
