“Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”, reza el artículo 37 de la Constitución de Colombia de 1991. Justo esta Carta Magna, considerada “la más moderna de América Latina”, fue el resultado de marchas de protesta a lo largo y ancho del país “contra el desgobierno, la violencia y la corrupción”. Manifestaciones organizadas por estudiantes, obreros y amas de casa propusieron abrir un proceso constituyente cuyo fruto fue la mayor reforma política y social de Colombia en el siglo XX.

Esta vez, 28 años más tarde, vuelven a ser los estudiantes los iniciadores de las protestas, si bien por razones no muy diferentes a las de hace casi tres décadas, los factores, las condiciones y el ambiente en que tienen lugar sí son distintos.

“La estigmatización inicial de la protesta, por parte de miembros del partido del Gobierno, Centro Democrático, generaron más descontento, lo que se tradujo en mayor apoyo a las marchas, creciendo hasta ser una convocatoria a un paro nacional”, recuerda a DW el politólogo Camilo Vargas Betancourt, coordinador del Observatorio Político de la Misión Electoral (MOE).

Desempleo y propuestas de reformas polémicas

Protestar, sí y pacíficamente. Pero ¿por cuáles razones? Para Boris Duarte, miembro del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional, hay muchas, y de peso: “La pobreza llegó en Colombia al 30% en 2018; el desempleo ya superó el 10%, y en el caso de los jóvenes, es del 17%”. Una situación muy volátil, que despierta el descontento de muchos, más aún cuando, desde el Congreso, como una fórmula para generar empleo se lanzan propuestas como la de que los jóvenes menores de 24 años reciban solo el 75% del salario. Una idea que el mismo presidente Duque salió a desmentir, pero solo en vista de la inminencia del paro.

“Cualquier iniciativa dirigida a realizar una reforma laboral será analizada primero en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, de la cual hacen parte trabajadores, empleadores y Gobierno”, dice, además, un comunicado del Gobierno de Colombia distribuido por las embajadas de ese país en todo el mundo. Y prosigue: “No existe un proyecto de ley dirigido a realizar una reforma pensional que haya sido diseñada por el Gobierno Nacional. La reforma pensional que diseñe el Gobierno Nacional será sometida a revisión de la Mesa de Concertación Sindical y será construida en consenso”.

Para Camilo Vargas Betancourt, también profesor de la Universidad del Rosario, la marcha de este jueves es “parte de ese debate, porque es mentira que no se estén cocinando reformas que pueden afectar a trabajadores y pensionados, por lo que la fuerza que ya ha desplegado el paro nacional va tener que ser tenida en cuenta”. A juicio de Vargas Betancourt, también tendrá que revisarse “la política de Seguridad y Derechos Humanos, uno de los campos más sensibles en Colombia”.

DW
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Criminalización de la protesta

La convocatoria de protesta ha sido criminalizada como una “conspiración anarco-comunista internacional de vándalos, cuya sede estaría en Caracas o en Sao Paulo”, apunta, por su parte, Boris Duarte, politólogo y docente de la Universidad Nacional de Colombia. Y agrega que, en realidad, se trata de una iniciativa exclusivamente colombiana, suscrita por más de 50 organizaciones, y apoyada por personalidades de diversa índole. “Entre los organizadores hay sindicatos, colectivos de mujeres, el magisterio, campesinos, indígenas, jueces, artistas y la comunidad LGTBI, entre otros”, asegura Duarte, analista del portal Razón Pública, en entrevista con DW.

El 12 de noviembre, la realidad terminó obligando al Gobierno de Iván Duque a cambiar la retórica de ataques a la protesta, y desde la Mesa de Concertación Laboral expresó su “rechazo conjunto a la violencia en las protestas”, y reiteró “el respeto al derecho de la misma”. A todo esto, hasta el momento de esas declaraciones, no se habían producido episodios violentos en relación con las protestas.

Lo positivo del paro nacional: masiva protesta, fuerte mensaje

Camilo Vargas Betancourt hace, en este contexto, especial referencia a la muerte en un bombardeo de las FF. AA, el 30 de agosto de 2019, de unos 8 niños desarmados y reclutados por la fuerza por un grupo de disidentes narcotraficantes. La operación fue ordenada, a pesar de las alarmas lanzadas por la personería local. Un hecho que el Gobierno ocultó y que obligó a la renuncia del ministro de Defensa.

Algo positivo que puede surgir del paro nacional es, según el experto, que “gracias al fuerte mensaje que manda la protesta, se dinamizarán los diálogos entre los sectores sociales y el Gobierno colombiano”.

En ello coincide el embajador de Alemania en Colombia, Peter Ptassek, quien este 20 de noviembre se refirió al Paro Nacional en la cadena Caracol, recordando que “siempre que haya canales de comunicación y diálogo, la sociedad sigue intacta”, citando el Acuerdo de Paz como “un muy buen ejemplo”. Ptassek, concluye que “no hay nada que temer, porque cuando hay un debate abierto para resolver los problemas del país, es porque el diálogo está funcionando”.

Raul ARBOLEDA / AFP
Raul ARBOLEDA / AFP