La preocupación por la posible violación de los derechos humanos en Bolivia va en aumento. Justo antes de que al menos nueve cocaleros murieran cuando fuerzas de seguridad detuvieron una marcha en Sacaba el viernes 15 de noviembre, el Gobierno interino había aprobado un decreto que exculpa de “responsabilidad penal” a los oficiales de las Fuerzas Armadas que participen en operativos conjuntos con la policía para “el restablecimiento del orden y estabilidad pública”.
La medida salió a la luz pública el sábado 16 de noviembre y, rápidamente, recibió la condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que alertó que “desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta”.
“Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de DDHH”, agregó el organismo.
Este cuestionamiento se sumó al que había expresado la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, que consideró que policías y militares hicieron un “uso innecesario o desproporcionado de la fuerza” en la disuasión de la marcha de cocaleros afines al expresidente Evo Morales en Sacaba, cuando estos intentaban avanzar hacia Cochabamba. Además, la expresidenta chilena advirtió que, en este contexto, la situación en Bolivia “puede salirse de control”.
La CIDH también confirmó que los episodios de Sacaba dejan, hasta el momento, 9 muertos y 122 heridos, mientras que al menos 23 personas han muerto y 715 han resultado heridas desde el inicio de las protestas posteriores a las elecciones presidenciales del 20 de octubre. Entre las víctimas mortales, 3 fallecieron antes de la renuncia de Evo Morales y 20 en los días posteriores.
El Gobierno defendió el decreto y aclaró que “no es una licencia para matar”
Ante el revuelo generado por la difusión del decreto, el ministro interino de la Presidencia, Jerjes Justiniano, justificó la medida, aduciendo que solo “ratifica” una atribución contemplada en el Código Penal de que “si es en defensa propia, no hay penalidad”.
“De ninguna manera esto constituye una licencia para matar. Es un elemento disuasivo porque lo que pretende el Gobierno es sencillamente evitar la confrontación”, remarcó Justiniano.
Por su parte, la declarada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, dijo este domingo que anunciará “muy pronto” la convocatoria a nuevas elecciones “transparentes” tras la renuncia de Evo Morales, en un nuevo esfuerzo para cesar las manifestaciones que han dejado 23 muertos en casi un mes.
Áñez hizo este anuncio tras reunirse con un delegado de la Unión Europea, León de la Torre, quien también se mostró optimista por “avances en la mesa de diálogo” entre el gobierno interino y sectores leales a Morales, que no especificó.
La @CIDH alerta para el Decreto Supremo No. 4078 sobre actuación de FF.AA. en #Bolivia, de fecha 15 de nov 2019. El Decreto pretende eximir de responsabilidad penal al personal de FF.AA. que participe en los operativos para reestablecimiento y estabilidad del orden interno. (1/3) pic.twitter.com/297pEsNTVd
— CIDH – Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) November 16, 2019
