El caso de los “cuadernos de las coimas” explotó a principios de agosto en Argentina, afectando principalmente a empresarios y políticos kirchneristas, pero esta semana el panorama cambió, luego que el juez Claudio Bonadio citara a declarar Gianfranco y Franco Macri, hermano y padre -respectivamente- del presidente Mauricio Macri.
Gianfranco Macri se presentó este jueves en Comodoro Py, sede de la justicia en Argentina, donde entregó una declaración escrita al juez Bonadio, donde rechazó que haya pagado alguna coima para adjudicarse la licitación de una obra pública.
El hermano de Mauricio Macri presentó un documento de 11 páginas donde pidió ser sobreseido de la investigación, explicó cómo funcionan las empresas de la familia y que hace años se mantiene alejado de la toma de decisiones, consigna diario Clarín de Argentina.
La investigación de Bonadio apunta al presunto pago de coimas a funcionarios de los gobiernos kirchneristas (2003-2007) por parte de ejecutivos de las empresas Ausol y Grupo Concesionario del Oeste S.A, las cuales se adjudicaron la concesión de varias autopistas en Argentina y en las que la familia Macri tenía participación accionaria.
Los Macri alegan que para el momento de la investigación habían cedido ya buena parte de sus acciones en Ausol, empresa en la que solo les quedaba una participación de 7% y por tanto no incidían en el nombramiento de directores ni en las decisiones, según informó la prensa.
“Sideco (empresa de la familia Macri) no tuvo entonces injerencia en la administración ni en las decisiones sociales de Ausol. Tanto es así que no designó directores y no asistió siquiera a ninguna de las asambleas de accionistas””, declaró el hermano del mandatario argentino.
La versión de la familia afirma que a partir de 2001 vendieron gran parte de su participación en las empresas investigadas, por lo que no ejercieron ningún rol o influencia en las decisiones que se tomaron, entre ellas el presunto pago de sobornos.
Al salir de tribunales, Gianfranco Macri se limitó a decir “nunca en mi vida pagué una coima”.
Los negocios del Grupo Macri (Socma) está actualmente bajo la conducción de Gianfranco Macri, el menor de los cinco hijos de Franco, pero sus negocios son mucho menos importantes que en el pasado y se concentran ahora en el sector de servicios a la industria petrolera y cuentan con la representación de la marca de los autos chinos Chery.
En este caso ya se vio involucrado Angelo Calcaterra, primo del presidente Macri, por la supuesta participación en la trama de corrupción de su empresa IECSA, que hasta 2007 pertenecía al grupo Socma. Está procesado en libertad tras declarar que aportó dinero no registrado a la campaña presidencial del kirchnerismo en 2015.
Silencio desde el gobierno
Mauricio Macri, que tuvo cargos de responsabilidad en la empresa familiar antes de incursionar como dirigente en el fútbol y luego en la política, no ha comentado el caso y desde el gobierno se han limitado a decir que respetan la independencia de Poder Judicial.
“Es una decisión judicial, es el único comentario que tenemos para hacer”, dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, enfatizó que el mandatario “no va a interceder de ninguna manera” en el caso.
Coimas al kirchnerismo
La causa, surgida de los cuadernos de apuntes que durante años llevó un chofer del ministerio de Planificación, indaga sobre el supuesto pago de sobornos en bolsos con dólares en efectivo por parte de empresarios a cambio de concesiones para la construcción de obra pública entre 2003 y 2015, periodo que corresponde a los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
Los fiscales el caso estiman que al menos 160 millones de dólares se vieron involucrados en los casos de corrupción y de momento hay más de 40 personas procesadas.
La principal involucrada es Cristina Fernández, presidenta entre 2007 y 2015, senadora desde 2017 y que encabeza las encuestas para competir en las elecciones presidenciales de 2019 contra Mauricio Macri.
En septiembre, el juez Bonadio pidió el desafuero de Fernández, que el Senado no ha tramitado, y prisión preventiva por considerarla “jefa de una asociación ilícita”. Semanas antes, ordenó el allanamiento de sus tres domicilios: uno en Buenos Aires y dos en la provincia patagónica de Santa Cruz (sur).
Varios empresarios y algunos de los exfuncionarios se han acogido a la figura de arrepentido, que les permitió quedar en libertad a cambio de cooperar con la justicia. Sus testimonios han servido en los avances de la causa.