La nueva alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, aceptó reunirse con el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, -en representación del gobierno de su país- que debe pronunciar mañana martes un discurso en Ginebra.
“Venezuela pidió una reunión” con Bachelet y “la alta comisionada se reunirá con el ministro de relaciones exteriores”, declaró a la Agencia AFP una portavoz de su oficina, Ravina Shamdasani.
El sábado, el diario New York Times confirmó que funcionarios de la administración de Donald Trump se reunieron secretamente con militares venezolanos para discutir el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, pero finalmente decidieron no actuar.
Trump ha sido duramente crítico con el régimen de izquierda de Maduro, mientras Venezuela se precipita hacia una grave crisis económica y humanitaria que ha desatado violentas protestas y provocado una ola migratoria a países vecinos.
New York Times citó que la Casa Blanca se negó a proporcionar respuestas detalladas cuando se le preguntó sobre las conversaciones, pero enfatizó en la necesidad de “dialogar con todos los venezolanos que demuestren un deseo de democracia”.
Graves violaciones a los DDHH en Venezuela y Nicaragua
Bachelet hizo este lunes su primer discurso frente al Consejo Derechos Humanos, que celebra su 39ª sesión entre el 10 y el 28 de septiembre.
El discurso, del que una copia fue transmitida previamente a los medios, contenía párrafos sobre Venezuela pero que finalmente Bachelet no pronunció antes los diplomáticos.
“Cuando se abre esta sesión, el creciente número de personas que huyen de Venezuela y Nicaragua demuestra una vez más la necesidad de defender constantemente los derechos humanos”, indica el texto de su discurso.
“Es urgente ayudar a los Estados de acogida a resolver los numerosos problemas que provocan estos movimientos”, añade.
“Pero también es fundamental abordar las razones por las cuales la gente se va” del país, afirma Bachelet, y pide al Consejo que tome “todas las medidas disponibles para hacer frente a las graves violaciones de los derechos humanos” en Venezuela y Nicaragua.
En el texto de su discurso, Bachelet indica también que desde la publicación en junio del informe del Alto Comisionado, la instancia “continuó recibiendo información sobre violaciones de los derechos económicos y sociales, como los casos de muertes relacionadas con la malnutrición o las enfermedades que se pueden evitar, así como las violaciones de los derechos civiles y políticos”.
Por otra parte subraya que el gobierno de Venezuela “no ha hecho prueba de apertura” para poner en marcha “auténticas medidas” de cara a juzgar las responsables de la violencia “durante las manifestaciones de 2017”.
Sobre los rohinyás
Bachelet, además, urgió este lunes en Ginebra a crear una instancia internacional encargada de reunir “pruebas” sobre los crímenes más graves cometidos en Birmania contra la minoría musulmana rohinyá para “acelerar la celebración de juicios”.
En su primera intervención ante el Consejo de Derechos Humanos, Bachelet “exhortó al Consejo a adoptar una resolución y someter el tema a la Asamblea General para que lo apruebe, a fin de que se pueda establecer ese mecanismo”, como en el caso de Siria.
Bachelet explicó que ese mecanismo “completaría y apoyaría” el trabajo de la Corte Penal Internacional (CPI), que el jueves se declaró competente para investigar la deportación de la minoría musulmana rohinyá y que podría constituir un crimen de lesa humanidad.
“Se trata de una etapa extremadamente importante para poner fin a la impunidad y hacer frente al enorme sufrimiento del pueblo rohinyá”, afirmó la expresidenta chilena.
En 2017, más de 700.000 musulmanes rohinyás huyeron de Birmania, un país mayoritariamente budista, tras una ofensiva del ejército en represalia por los ataques de los rebeldes rohinyás contra puestos fronterizos.
Perseguidos por las fuerzas armadas birmanas y las milicias budistas, los miembros de la minoría musulmana se refugiaron en grandes campamentos improvisados en Bangladés.
A petición del Consejo de Derechos Humanos, un grupo de investigadores de la ONU pidió en agosto que la justicia internacional entable acciones contra el jefe del ejército birmano y otros cinco altos responsables militares por “genocidio”, “crímenes de lesa humanidad” y “crímenes de guerra” contra los musulmanes rohinyás, acusaciones que Birmania rechaza.
Los investigadores pidieron renovar su mandato. La cuestión será tratada durante la actual sesión del Consejo, que se celebra entre el 10 y el 28 de septiembre en Ginebra.
