Abogados y juristas brasileños alimentaban expectativas de que el próximo miércoles la corte suprema discuta un caso de 2016 que podría permitir al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva recuperar su libertad poco tiempo después de haberla perdido.
El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello anticipó el fin de semana que llevaría el proceso al plenario para definir si es constitucional arrestar a condenados en segunda instancia, como el exmandatario (2003-2010).
“El Supremo debería discutir mañana el mérito de este asunto. Deberían haberlo hecho antes del juicio a Lula, despersonalizándolo”, dijo este martes a la Agence France-Presse Antonio Carlos de Almeida, uno de los promotores del recurso.
“Tenemos que dar seguridad jurídica. Las decisiones [sobre la prisión después de ratificado el fallo en el segundo grado] no pueden depender del juez a que le llegue cada caso”, añadió el letrado, conocido como “Kakay”, que defiende acusados en el marco de la Operación Lava Jato, pero no a Lula.
En un ambiente de extrema polarización, que parece filtrarse dentro del STF, ninguna voz oficial confirmó que la Acción Declaratoria de Constitucionalidad (ADC) 43 será presentada.
“Está todo dado para que sea discutido, o por lo menos, para que sea decidido si se trata más adelante”, dijo el jurista Aury Lopes Junior.
Para Aury, si es confirmada la constitucionalidad del artículo 283 del código penal, que trata sobre la presunción de inocencia hasta la última instancia, “la ejecución anticipada de la pena pasa a ser considerada ilegal por efecto espejo”.
“La situación de Lula cambia radicalmente”, agregó.
El debate de esta ADC podría zanjar de forma definitiva las divergencias internas que persisten en la corte sobre el asunto.
La semana previa a su detención, la corte rechazó por 6 a 5 un habeas corpus pedido por Lula para evitar la cárcel.
Pero una de las magistradas que votó contra Lula, Rosa Weber, dio a entender que era favorable a modificar la jurisprudencia actual si el asunto fuese tratado de forma general.
A diferencia del habeas corpus, la ADC podrá repercutir en todos los casos y no puntualmente en Lula.
El ícono de la izquierda latinoamericana fue condenado a 12 años y un mes de prisión por aceptar un apartamento de una constructora involucrada en el escándalo de sobornos a políticos de Petrobras y se entregó tras una dramática saga que terminó cuando abandonó el Sindicato de Metalúrgicos de un barrio obrero de Sao Paulo, donde se refugió por casi 48 horas.
