Un juez argentino procesó a un poderoso exministro y otros funcionarios de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), acusados de favorecer a la empresa brasileña Odebrecht en la construcción de gasoductos, informó el martes una fuente judicial.
El juez federal Daniel Rafecas consideró que hubo negociaciones incompatibles con la función pública y procesó al exministro de Planificación Federal Julio de Vido, así como a tres exaltos funcionarios del área de Energía -Daniel Cameron, Bautista Marchechi y Cristián Folgar-, indicó el Centro de Información Judicial (CIJ), que depende de la Corte Suprema.
La causa investiga irregularidades en el Plan de Ampliación de Gasoductos 2006-2008, una mega obra que alcanzó a la totalidad de los gasoductos que atraviesan Argentina, presupuestada inicialmente en unos 2.347 millones de dólares y que estuvo a cargo de la cuestionada constructora Odebrecht.
Rafecas, a cargo de la causa desde mayo de 2017 y tras analizar resoluciones, notas y expedientes administrativos concluyó que el proceso licitatorio “habría estado enderezado desde un principio a la adjudicación del negocio a Odebrecht”, señala un comunicado del CIJ.
De Vido, quien fue desaforado de su banca de diputado y está detenido desde el 25 de octubre pasado en otra causa por presunta malversación de 7 millones de dólares en la empresa estatal de yacimientos carboníferos (sur), fue el hombre fuerte en obras públicas durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández (2003-2015).
Según la justicia, en este caso la maniobra habría comenzado con una nota de noviembre de 2005, en la que la empresa Odebrecht, a través de su directivo Flavio Bento Faria, se presentó ante la secretaría de Energía para manifestar su interés de participar en el proceso de ampliación de capacidad de transporte de gas de la argentina Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico).
La investigación de Rafecas abarca sólo el tramo hasta la adjudicación de la obra de infraestructura a la empresa Odebrecht.
Otro juzgado investiga el desarrollo y pago de la obra respecto del cual la empresa reconoció el pago de sobornos en el marco del llamado escándalo ‘Lava Jato’, en Brasil, así como el presunto cohecho en el contrato de “soterramiento” (construcción bajo tierra) del ferrocarril Sarmiento, que se sospecha puede tocar también al actual gobierno de Mauricio Macri.
En Argentina, la actividad del gigante constructor brasileño fue suspendida en julio del año pasado.
La empresa admitió ante la justicia de Estados Unidos que pagó más de 35 millones de dólares de sobornos entre 2007 y 2014 en Argentina.
