Siguiendo los pasos de un grupo de abogados en Argentina, el Comité Representativo de Entidades Judías en Chile interpuso un recurso de protección contra el cantante y la productora a cargo de su concierto en Chile con el fin de que el artista se abstenga de hacer comentarios "judeofobicos".

A mediados de la semana recién pasada, un grupo de abogados trasandinos demandó a Roger Waters por “discriminación, apología del delito e incitación a la violencia colectiva”, a solo días de su concierto en el mencionado país, esto, pues, realizaría varias referencias antisemitas en su show. Ahora, la comunidad judía chilena parece seguir sus pasos.

Tal como se puede leer en un recurso de protección patrocinado por la jurista Ariela Agosin, el Comité Representativo de Entidades Judías nacional busca que el cantante británico se abstenga de realizar comentarios, de los que a su juicio son, de índole “judeofobica” y “antisemitas”.

“Vengo en interponer la acción constitucional de protección en contra de DG Medios (productora del concierto), su representante legal y Roger Waters debido a actuaciones arbitrarias que amenazan los derechos consagrados en el artículo 19 número uno y cuatro de la Constitución Política del Estado referidos a la integridad Psíquica de la persona y su honra”, se escribe en el documento divulgado por Interferencia.

Haciendo alusión a sus shows el próximo 25 y 26 de noviembre en suelo chileno, la representante legal del comité enumera varios momentos del concierto y de recientes entrevistas del artista donde este comete acciones contra la comunidad Israelí y Judía.

En ella se encuentran ejemplos como la fotografía de un cerdo inflable que flota sobre la audiencia con la estrella de David dibujada en él, esto en referencia a “lo que él considera despreciable”, asegura en el recurso.

A ello suma antecedentes como “sus reiteradas comparaciones de Israel con el régimen nazi son ya conocidas” y “su adhesión, en el año 2011, al movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) contra Israel”. El recurso de protección aún no ha sido admitido por la justicia chilena.