Economía
Miércoles 11 julio de 2018 | Publicado a las 20:02
Ordenan al Estado indemnizar a ahorrante por fondos retenidos en caja disuelta en 1990
Publicado por: Guido Focacci La información es de: Poder Judicial
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La Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de $20.000.000, por falta de servicio, por la retención de 16.430 escudos, depositados en 1971 por el demandante en la extinta Caja Central de Ahorros y Préstamos.

En fallo un√°nime, la Segunda Sala del tribunal de alzada acogi√≥ la demanda presentada por el exempleado de la Empresa Portuaria de Chile (Emporchi), quien no pudo recuperar los fondos depositados, debido a que la Presidencia de la Rep√ļblica no ha aprobado la cuenta que rindi√≥ la entidad que se disolvi√≥ en 1990.

“Que la cuenta fue presentada por la Caja Central de Ahorros y Pr√©stamos, lo que no ha estado en discusi√≥n y consta, por lo dem√°s, del documento de fojas 291 y que est√° datado 28 de mayo de 1990. Es decir, desde mediados de 1990 ninguno de los Presidentes de la Rep√ļblica que han ejercido ese cargo hasta la fecha, han dictado el acto administrativo formal por el cual se da por aprobada dicha cuenta o por rechazada, en los t√©rminos del citado art√≠culo 3¬į de la ley 18.900, y ello no puede ser sino considerado una falta de servicio”, sostiene el fallo.

Fallo

La resoluci√≥n agrega que: “la falta de servicio que irroga responsabilidad al Estado como antes se expuso y lo ha resuelto la Corte Suprema, se produce si sus √≥rganos administrativos no act√ļan, debiendo hacerlo, si su actuaci√≥n es tard√≠a o si ellos funcionan defectuosamente, causando perjuicio y, si bien no es necesario individualizar ni perseguir al funcionario cuya acci√≥n u omisi√≥n personal origina la falta, debe invocarse y acreditarse su existencia -la de la falta- en la actividad del √≥rgano administrativo, y que ella es la causa del da√Īo experimentado en el patrimonio de la v√≠ctima. Por consiguiente, procede tal responsabilidad si en la especie concurren copulativamente tres elementos, a saber: a) que existi√≥ falta del servicio que la Presidencia de la Rep√ļblica estaba obligada a prestar; b) que ello haya causado perjuicio; y, c) que entre esta falta de servicio y el da√Īo sufrido exista relaci√≥n de causalidad, resultando √©sta consecuencia de aqu√©lla”.

“(‚Ķ) ciertamente ‚Äďcontin√ļa‚Äď no puede ser justificante de la omisi√≥n por parte de la Administraci√≥n el que la aprobaci√≥n de la cuenta, o su rechazo, le haya sido imposible por “la falta de antecedentes documentales”, como dice el Fisco de Chile en su contestaci√≥n (fojas 31), “aunado por el desfase tecnol√≥gico de los archivos computacionales que contiene el inventario desagregado de los ahorrantes e inversionistas, rendido por la comisi√≥n liquidadora”, como respondi√≥ la Subsecretar√≠a de Hacienda a la Contralor√≠a General de la Rep√ļblica seg√ļn documento de fojas 93, pues ello equivale tener al demandante y a las dem√°s personas que est√°n su misma situaci√≥n en una suerte de limbo jur√≠dico del que nunca podr√°n salir: la cuenta est√° dada y es deber de la Presidencia manifestarse formalmente a su respecto de acuerdo a lo que dispone el art√≠culo 3¬į de la ley 18.900 y desde mediados de 1990 no ha resuelto nada al respecto. Parece evidente que se trata de un caso en que la Administraci√≥n ha debido actuar y no lo ha hecho injustificadamente”.

Fallo que, adem√°s, rechaza la posibilidad de que la acci√≥n indemnizatoria se encuentre prescrita, debido a que: “la obligaci√≥n del Estado que ha producido la falta de servicio es el no haber adoptado decisi√≥n alguna sobre la cuenta tantas veces mencionada, no una de devolver una suma de dinero al actor pues claramente esta a√ļn no ha nacido. Y aquella omisi√≥n se ha cometido desde 1990 y persiste hasta el d√≠a de hoy. Es cierto que no se fij√≥ plazo en la ley 18.900 para la aprobaci√≥n o rechazo de la cuenta, pero debe entenderse que es uno racional, uno prudente, pues el Estado est√° al servicio de la persona humana y no al rev√©s, y han pasado veintiocho a√Īos desde que el se√Īor Presidente ha estado en situaci√≥n de dar cumplimiento al mandato legal e injustificadamente no lo ha hecho”.

“Esta falta de servicio, en conclusi√≥n, se sigue cometiendo hasta el d√≠a de hoy, es una omisi√≥n respecto de una obligaci√≥n legal para el se√Īor Presidente de la Rep√ļblica respecto de la cual no se fij√≥ plazo y, por lo mismo, no procede contar la prescripci√≥n alegada por el demandado desde 1990. Al no fijarse un plazo determinado, la falta de servicio se comet√≠a a la fecha de presentaci√≥n de la demanda y de su notificaci√≥n y se contin√ļa con dicha falta hasta el d√≠a de hoy. Tampoco cabe hacer lugar a la pretensi√≥n del Fisco en orden a que el plazo de prescripci√≥n se cuente desde el 16 de abril de 1990 en virtud de lo dispuesto en el art√≠culo 1¬į de la ley 18.900 pues, debe reiterarse, la falta de servicio es la omisi√≥n de la Presidencia de la Rep√ļblica (desde 1990) de aprobar o rechazar la cuenta a que se refiere el art√≠culo 3¬į de la misma ley. Luego, no hay tal prescripci√≥n”, concluye.

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