La Comisión Europea acusó formalmente este lunes a una decena de empresas y asociaciones del sector de la construcción, como Cemex, Mapei o Chrysto, de coordinarse para aumentar el precio de productos químicos utilizados en la fabricación de cemento, hormigón y mortero en España, Francia y Alemania.
Entre las asociaciones involucradas está la española Asociación Nacional de Fabricantes de Aditivos para Hormigón y Mortero (ANFAH), así como la asociación francesa SYNAD y la asociación alemana Deutsche Bauchemie, según informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
El grupo de compañías involucradas, además Cemex, Mapei o Chrysto o las tres asociaciones, también estaba formado por Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Sika, TAM, Ha-be, Liesen y Remei.
Bruselas sospecha que todas las entidades involucradas en este cartel se coordinaron para aumentar el precio de aditivos para mejorar el rendimiento del cemento, hormigón y mortero utilizados en la construcción y que tiene un “impacto directo” en los costes del sector.
Las autoridades europeas de Competencia creen que esta coordinación tuvo lugar entre 2021 y 2022 en el contexto del incremento generalizado de los costes de materias primas provocado, principalmente, por la pandemia de coronavirus y la guerra de Rusia contra Ucrania.
El cartel
En concreto, las empresas que participaban en dicho cartel coordinaban los comunicados de prensa de las asociaciones nacionales del sector que justificaban los incrementos de precios.
La Comisión Europea realizó inspecciones por sorpresa en las sedes de las compañías en octubre de 2023 y este lunes ha enviado un pliego de cargos a todas ellas para informar de su conclusión preliminar de que dicho comportamiento incumple las normas europeas antimonopolio.
Tras este paso, las empresas y asociaciones involucradas tienen derecho a replicar los argumentos del Ejecutivo comunitario, pero la institución podría imponerles una multa de hasta el 10% de su facturación global si concluye que hay “suficientes pruebas” que confirman el comportamiento ilegal de las mismas.
Sin embargo, no existe plazo concreto para tomar una decisión al respecto y Bruselas recordó que la duración del caso dependerá de factores como su complejidad, el grado de colaboración de las empresas investigadas y de sus derechos de defensa.
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