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Respuesta a la columna del embajador de Rusia en Chile, Vladímir Belinski, publicada en BioBioChile el 13 de octubre de 2026.
En su columna «Ucrania y lo que viene hacia adelante», el embajador ruso Vladímir Belinski atribuye las causas de la guerra al rumbo político de Ucrania, la influencia de Occidente, la cuestión lingüística y la necesidad de considerar los intereses de seguridad de Rusia. Al mismo tiempo, sostiene que Moscú no busca conquistas territoriales y que apuesta por una solución política. Estas afirmaciones deben evaluarse a partir de los hechos, el derecho internacional y las acciones concretas del propio Estado ruso.
¿Quién recurrió al uso de la fuerza?
El 2 de marzo de 2022, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución ES-11/1, que condenó la agresión de Rusia contra Ucrania y exigió la retirada de las tropas rusas. El documento recibió el apoyo de 141 Estados.
El desacuerdo de Moscú con la orientación de la política exterior de Kyiv no le otorga el derecho a invadir otro país. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de los Estados.
Ucrania tiene el mismo derecho que cualquier otro país a decidir su propio futuro. Si la orientación internacional de un vecino se convierte en motivo para iniciar una guerra, la soberanía deja de ser un derecho universal y pasa a depender de la voluntad de la potencia más fuerte.
Territorio: las palabras y los hechos
Putin afirma que en septiembre el avance ruso se multiplicó por 2,5, pero la velocidad de avance no demuestra por sí sola una ventaja estratégica decisiva. Mientras Moscú destaca sus progresos, Ucrania anunció la recuperación de 101 kilómetros cuadrados y la liberación de tres localidades en Donetsk durante la operación «Vivaldi». Además, según estimaciones atribuidas a la OTAN, Rusia perdió 28.000 soldados muertos en combate solo en septiembre.
Estos datos deben evaluarse considerando tanto los cambios territoriales como el coste humano de la ofensiva, sin presentar las declaraciones de Moscú como una prueba de una victoria inevitable.
El embajador sostiene que Rusia no necesita nuevos territorios. Sin embargo, en 2014 Rusia ocupó Crimea y proclamó su anexión. En 2022 anunció la anexión de otras cuatro regiones ucranianas. La respuesta de la comunidad internacional a esas acciones ilegítimas fue muy clara.
Mediante la resolución 68/262 del 27 de marzo de 2014, la Asamblea General de la ONU reafirmó su apoyo a la integridad territorial de Ucrania. Posteriormente, el mismo órgano con la resolución ES-11/4 del 12 de octubre de 2022, condenó el intento de la anexión de las regiones de Donetsk, Luhansk, Zaporiyia y Jersón.
Por tanto, la afirmación de que Rusia no persigue objetivos territoriales contradice decisiones concretas del propio Estado ruso. La cuestión no es el tamaño de Rusia, sino por qué Moscú proclama como propias partes del territorio ucraniano mientras niega tener ambiciones territoriales.
Los derechos lingüísticos no justifican una invasión
Belinski menciona las restricciones al uso del ruso y las supuestas vulneraciones de los derechos de la población rusohablante. Los derechos de las minorías lingüísticas deben protegerse, y las denuncias concretas deben examinarse sobre la base de pruebas y estándares internacionales. Sin embargo, incluso la existencia de problemas en este ámbito no concede a otro Estado el derecho a iniciar una guerra.
Un ejemplo reciente es la decisión adoptada por Ucrania el pasado 12 de octubre. El parlamento ucraniano aprobó modificaciones a la legislación sobre los derechos educativos de las minorías nacionales y los pueblos indígenas, que fueron firmadas por el presidente. Los cambios permiten ampliar las posibilidades de recibir educación en las lenguas de las comunidades correspondientes que sean lenguas oficiales de la Unión Europea, junto con el aprendizaje de la lengua estatal.
Este ejemplo no significa que todas las cuestiones lingüísticas estén definitivamente resueltas. Demuestra algo más importante: las reclamaciones concretas pueden abordarse mediante reformas legislativas, negociaciones y mecanismos internacionales.
Si los derechos lingüísticos pueden protegerse por vías jurídicas, ¿por qué Rusia invoca esta cuestión para justificar una agresión militar? Ningún Estado tiene el derecho exclusivo de imponer por la fuerza la política lingüística de su vecino.
La OTAN: una cuestión de seguridad agravada por las acciones de Rusia
Rusia invoca con frecuencia la ampliación de la OTAN como una amenaza para su seguridad. Sin embargo, los casos de Finlandia y Suecia muestran que las decisiones de adhesión también pueden ser una respuesta directa a las acciones rusas. Ambos países permanecieron fuera de cualquier alianza militar durante décadas. Tras la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, revisaron sus políticas de seguridad y solicitaron ingresar en la OTAN.
Finlandia se convirtió en miembro el 4 de abril de 2023 y Suecia el 7 de marzo de 2024. Estas decisiones fueron adoptadas por los propios países mediante sus respectivos procesos políticos. La secuencia de los acontecimientos muestra que las acciones militares de Rusia intensificaron la percepción de amenaza entre sus vecinos y los impulsaron a buscar garantías adicionales de seguridad.
El debate sobre la arquitectura de seguridad europea es legítimo. Sin embargo, la preocupación de un Estado no le concede el derecho a restringir la libertad de elección de otros ni a modificar sus fronteras por la fuerza.
¿Es Occidente quien prolonga la guerra?
El embajador ruso sostiene que el apoyo militar, financiero y político occidental a Ucrania contribuye a prolongar el conflicto. Pero este argumento confunde la causa de la guerra con la respuesta internacional a ella. La ayuda a Ucrania surgió como respuesta a la invasión rusa. El alcance y las consecuencias de esa asistencia pueden ser objeto de debate político, pero no eliminan la responsabilidad de Rusia por haber recurrido a la fuerza.
La pregunta fundamental no es únicamente qué hacen los países occidentales, sino qué medidas concretas está dispuesta a adoptar Moscú para poner fin a la agresión y restablecer el respeto por las fronteras de Ucrania internacionalmente reconocidas.
La seguridad debe ser recíproca
Rusia tiene derecho a plantear sus preocupaciones de seguridad. Ucrania tiene exactamente el mismo derecho. La seguridad de un Estado no puede garantizarse a costa de privar a otro de su soberanía.
Una paz duradera requiere negociaciones, garantías de seguridad y mecanismos que impidan la repetición de la agresión. Pero la fórmula de abordar las «causas profundas» del conflicto no puede significar que el Estado que recurrió a la fuerza obtenga el derecho a determinar la política exterior de su vecino o a consolidar las conquistas territoriales logradas mediante la guerra.
Para Chile y los demás países interesados en preservar el orden internacional basado en reglas, la cuestión es fundamental: ¿pueden modificarse las fronteras por la fuerza y convertirse la independencia de un país vecino en objeto de exigencias unilaterales? Si la respuesta fuera afirmativa, ningún Estado podría estar seguro. Si el derecho internacional tiene el mismo valor para todos, Rusia también debe respetar sus principios.
La paz no puede basarse en el derecho del más fuerte a imponer su voluntad al más débil. Debe sustentarse en la soberanía, la integridad territorial, el diálogo y la responsabilidad por el uso de la fuerza. Estos son los principios desde los que debe comenzar cualquier debate serio sobre el futuro de Ucrania.
