Los comités parlamentarios del Senado definirán este jueves si ponen en tabla la insistencia del Gobierno por la reforma migratoria, que busca extender el plazo de detención de personas migrantes con orden de expulsión.
La Sala de la Cámara Alta había solicitado un informe a la Secretaría de la Comisión de Constitución para aclarar cómo opera el mecanismo de insistencia. Sin embargo, la semana pasada, la comisión devolvió la solicitud sin una respuesta, argumentando que no correspondía que el secretario se pronunciara sobre las “reglas del juego”.
La controversia cobra especial relevancia ante la decisión de un sector de la oposición de llevar el asunto al Tribunal Constitucional (TC).
El jefe de bancada del Partido Socialista, Juan Luis Castro, recordó que la mesa del Senado rebajó el quórum necesario para aprobar la insistencia, pasando de 33 a 29 votos.
“En el Tribunal Constitucional vamos a perseverar en que eso ocurre porque hay una interpretación equivocada que está haciendo la mesa del Senado para favorecer que haya los menos votos de la oposición para así aprobar. No va al problema de fondo, que es cómo resolver el problema de la migración”, señaló.
Por su parte, el senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, insistió en que fue el propio Tribunal Constitucional el que estableció que este mecanismo debía mantener el quórum de las reformas constitucionales, que pasó de dos tercios y tres quintos a los actuales cuatro séptimos, equivalentes a 29 senadores.
“Me llama la atención lo del TC, porque el TC del 2006 esto lo zanjó y lo que hizo la mesa del Senado fue cumplir con ese mandato. Por lo tanto, a mí me parece que acá esto tiene un cariz político, pero el cariz político no puede estar por sobre la Constitución”, sentenció.
Las RUF también enfrentan al oficialismo y la oposición ante el TC
En paralelo, el requerimiento presentado contra las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) permanece a la espera de su examen de admisibilidad en el Tribunal Constitucional.
La oposición cuestiona aspectos de la normativa, particularmente el principio de racionalidad en el uso de la fuerza y las disposiciones relacionadas con el uso de fuerza “potencialmente letal”.
El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, también apuntó a la falta de claridad respecto de las competencias que tendrá la justicia militar.
“Quienes recurrieron al Tribunal Constitucional, yo creo que tienen razón, porque no está clara la competencia de los tribunales militares. Que los problemas entre militares se resuelven con tribunales militares, pero cuando hay civiles involucrados, deben resolverlo la justicia civil”, subrayó.
Desde el oficialismo, el presidente del Partido Republicano, senador Arturo Squella, llamó a la oposición a “aceptar que hubo un giro” en las RUF, defendiendo que los cambios responden a las decisiones adoptadas por las mayorías parlamentarias.
“Sobre las RUF tienen que aceptar que es un giro concreto que se ha hecho en el marco de la decisión que toman los representantes de la ciudadanía. Se quería dejar atrás una lógica de proporcionalidad, a mi juicio mal entendida, depositar en las policías la voluntad soberana”, afirmó.
Así, mientras el Senado define el futuro de la insistencia migratoria, dos de las principales controversias de la agenda de seguridad del Gobierno amenazan con trasladarse al Tribunal Constitucional.
Sin embargo, esta vez no existe en la oposición el mismo optimismo que acompañó anteriores disputas ante el organismo, cuyos fallos recientes han sido contrarios a las pretensiones del Ejecutivo.
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