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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La concesionaria San Antonio Terminal Internacional (STI) enfrenta una controversia por cobro adicional por seguridad, desatando un conflicto con la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que acusa un posible abuso de posición dominante. STI defiende que el cargo está dentro de los límites legales. La FNE cuestiona la medida. Expertos advierten sobre posibles riesgos de abuso y discrepancias con el contrato de concesión.

La aplicación de un cobro adicional por seguridad implementado por la concesionaria San Antonio Terminal Internacional (STI) está generando una controversia.

Ante el requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que advierte un eventual abuso de posición dominante, la empresa afirmó que la tarifa en cuestión se encuentra dentro de los márgenes establecidos por la normativa vigente.

Un cobro por seguridad

A raíz de un requerimiento ingresado por la FNE contra la Concesionaria San Antonio Terminal Internacional en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), por una medida “injustificada” de cobros en materia de seguridad a importadores y exportadores, la compañía justificó la medida argumentando que cumple con el marco regulatorio establecido en la licitación.

Según consignó El Mercurio, fue durante marzo de 2024 que la FNE expusó que la concesionaria STI junto a otros operadores como Terminal Pacífico Sur y DP World cobraban esta tarifa por concepto de seguridad en la transferencia de carga.

Es por esto que expertos apuntaron a la necesidad de realizar un análisis sistémico que determine cómo se distribuyen estos costos, qué mejoras específicas en seguridad se implementarán y bajo qué criterios de transparencia y fiscalización, resguardando tanto la seguridad del comercio exterior como la competitividad del sistema portuario.

La académica Lorena Bearzotti, de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte, remarcó que existe una contradicción entre lo establecido en el contrato de concesión y los posibles riesgos de abuso de posición dominante.

Respecto a la situación, Eduardo Baeza, ingeniero de Transporte, comentó que la empresa portuaria tiene la atribución de definir ciertos diferenciales que se van aplicando en la tarifa.

De momento el conflicto permanece en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, a la espera de una respuesta por parte de la instancia.