Despidos y recontrataciones, irregularidades y un mal panorama económico son parte de los temas que han marcado el paso de Jaime Pérez de Arce (nuevamente) por ENAMI. La información fue recogida por el portal El Líbero.
El vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), Jaime Pérez de Arce, habría re contratado a dos subgerentes despedidos tras una auditoría por una serie de irregularidades detectadas por procesos de negociación y venta de ácido sulfúrico, según informó El Líbero.
Los colaboradores, encargados de la subgerencia de venta (Pedro Pablo Lavín) y la subgerencia de comercialización de la institución (Sandra Bartoglio), fueron desvinculados en febrero de 2022, antes de la llegada de Pérez de Arce, quien llegó nuevamente a ENAMI por orden del presidente Gabriel Boric, en abril del mismo año.
Como indemnización, se les habría pagado $450 millones y $400 millones respectivamente.
Cuatro meses después de asumir, el nuevo vicepresidente de la organización los habría re contratado, ahora con sueldos superiores a 5$ millones de pesos, según fuentes consultadas por el medio.
Irregularidades por US$ 5 millones llevaron a la desvinculación de los dos gerentes
Una auditoría de PriceWaterhouse Co. (PwC), levantada por requirimiento de Enrique Valdivieso Valdés, vicepresidente de ENAMI en ese momento, concluyó que entre los productos registrados y los efectivamente despachados se apreciaron importantes diferencias, lo que también se apreció en el valor de los productos vendidos y su valoracización.
Además, se declaró que el poder judicial debería investigar las irregularidades, con el objetivo de “despejar si estamos frente a una negligencia o derechamente frente a un acto de otra naturaleza”, citó El Líbero.
Esto fue recogido por el ex ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, quien aún a la cabeza de la cartera, entregó los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado el 28 de enero de 2022.
“En atención a la gravedad que lo informado de PWC reviste, es que me dirijo a Ud.(Jorge Abott, fiscal nacional en ese entonces) para que, si lo tiene a bien, inicie las gestiones que sean necesarias para verificar los hechos que la referida Auditoria plantea”, se lee en el documento al que tuvo acceso el portal de noticias.
“Puerta giratoria” y pérdidas de ENAMI
Durante cuatro periodos en los últimos 23 años, ENAMI ha estado dirigida por Jaime Pérez de Arce, reconocido militante socialista.
Y según se declara en la nota de El Líbero, su figura y gestión ha recibido cuestionamientos por la desvinculación de colaboradores elegidios mediante concurso para, en su reemplazo, traer trabajadores de “su exclusiva confianza política y personal”.
Además, ex ejecutivos en declaraciones al portal, apuntaron a una veintena de trabajadores re contratados e indemnizados, entre los que se cuentan Pedro Pablo Lavín y Sandra Bertoglio.
Algunos de los recontratados serían el gerente comercial Iván Fortin -brazo derecho de Pérez de Arce-, el gerente de fundición, Hernán Santander, el gerente de RR.HH. y comunicaciones, Giavictor Cuneo (PS) y la gerenta de fomento Viviana Ireland, también del PS.
Además, durante 2022 la estatal entró en pérdidas por US$78 millones, borrando las ganancias del año anterior de US$34 millones.
Estas críticas a la gestión de Pérez de Arce fueron ventiladas mediante cartas a El Mercurio donde Enrique Valdivieso escribió que “nunca pensé que fuera posible destruir tanto valor en solo nueve meses”, además de criticar el hecho de que el vicepresidente habría despedido a siete de los nueve gerentes, todos contratados por “head hunters”.
Esto último habría ocurrido siete días después de la renuncia voluntaria de Valdivieso, quien estuvo al frente de ENAMI entre el 28 de abril de 2021 y el 28 de abril de 2022.
Tras la publicación de este artículo, el vicepresidente ejecutivo de ENAMI, Jaime Pérez de Arce, expresó lo siguiente:
Los supuestos graves problemas de gestión detectados tras la realización de una auditoría por la firma PwC, no revestirían la calidad de tales, prueba de ello es que (i) las denuncias ante el CDE y el Ministerio Público, efectuadas por el entonces Ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, a la fecha no han arrojado indicio alguno de irregularidad o delito, manteniéndose las personas supuestamente involucradas sin ninguna situación administrativa ni judicial pendiente; (ii) en cuanto a la señora Bertoglio, mal se puede aducir dicha auditoría para su despido de ENAMI, vez que sus labores se desarrollaban y desarrollan en el área de minerales, concentrados y productos mineros, sin tener ninguna relación con la comercialización de ácido sulfúrico; y, (iii) de haber existido las supuestas irregularidades que se esgrimen, ¿por qué razón la anterior administración, dirigida por el Sr. Enrique Valdivieso, en el mes de febrero de 2022 despidió a esos Subgerentes, pagándoles las indemnizaciones?, las cuales, en ningún caso corresponden a las abultadas cifras publicadas.
Si la administración anterior, integrada entre otros por los Sres. Juan Carlos Jobet y Enrique Valdivieso, tenía la convicción de haber detectado graves irregularidades, debió haber invocado alguna de las causales de término de contrato contenidas en el artículo 160 del Código del Trabajo y no haber pagado las indemnizaciones años de servicio, incumpliendo con ello el principio de probidad a que se encuentran sujetos quienes trabajan en ENAMI.
Lo cierto es que no existe antecedente alguno de auditorías o irregularidades cometidas por estos profesionales. Lo que sí existe es una carta enviada por el Sr. Pedro Pablo Lavín al Sr. Enrique Valdivieso el 21 de diciembre de 2021, en que le manifiesta su opinión técnica contraria a una operación comercial en curso, con un potencial importante de pérdidas para la ENAMI. La carta del Sr. Lavín comienza, textualmente: “El código de ética de la empresa me obliga a hacer presente esta situación a mis superiores, ya que estaría infringiendo un importante perjuicio económico a la ENAMI”.
Posteriormente, en febrero de 2022, el Sr. Valdivieso despide a estos profesionales con más de 30 y 40 años de servicio.
Expongo estos hechos para señalar que estos profesionales fueron despedidos más bien como represalia, por haber actuado correctamente y haberlo representado a sus autoridades. Sus recontrataciones están perfectamente ajustadas a la ley, ya que al desvincularlos se pagaron las indemnizaciones por término del contrato de trabajo a que tiene derecho todo trabajador en nuestro país y sus nuevos contratos de trabajo se realizaron conforme a la legislación vigente. En suma, sus recontrataciones están perfectamente ajustadas a derecho y también constituyen un acto de justicia.
