La Fiscalía Nacional Económica (FNE) informó este miércoles presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento por colusión contra tres empresas de helicópteros para el combate y extinción de incendios forestales.
La acción legal también apunta contra dos ejecutivos que habrían facilitado la presunta coordinación anticompetitiva y la ejecución de los acuerdos´, indicó la FNE.
Se trata de las empresas Calquín Helicopters SpA (Calquín), Inaer Helicopter Chile S.A. (Inaer), y Pegasus South America Servicios Integrales de Aviación SpA (Faasa), y de dos de sus principales ejecutivos: Ricardo Pacheco Campusano y Rodrigo Lizasoaín Videla, vinculados a Faasa, el primero, y a Inaer y Calquín, el segundo.
La Fiscalía acusa que las empresas y personas requeridas celebraron y ejecutaron acuerdos consistentes en afectar el resultado de diversos procesos de licitación en el mercado nacional de procesos de contratación planificada de servicios de combate y extinción de incendios forestales mediante helicópteros.
Por esta conducta, la FNE solicita al TDLC que aplique multas por 10.400 Unidades Tributarias Anuales (UTA), que equivalen a poco más de $6.240 millones. Este total se distribuye en 6.000 UTA para Faasa, 3.000 UTA para Inaer, 1.100 UTA para Calquín y 150 UTA para cada uno de los ejecutivos acusados.
En el requerimiento, la FNE reitera que la colusión es el atentado más dañino contra la libre competencia y destaca que “la conducta de las requeridas ha afectado una actividad que puede poner en riesgo la vida de las personas y es particularmente relevante para el cuidado medioambiental y la preservación del patrimonio forestal de nuestro país”.
Un nuevo “Cartel del fuego”
Según relataron desde la FNE, la investigación por este caso comenzó en septiembre de 2017, como una arista del proceso que dio origen al requerimiento presentado en julio del 2018 por colusión en el mercado de combate y extinción de incendios forestales mediante aviones cisterna durante las temporadas comprendidas entre los años 2009 y 2015. Dicha causa aún se encuentra en tramitación ante el TDLC.
Como parte de la investigación se allanaron oficinas de Calquín y Habock Aviation Chile SpA (que no fue imputada en este requerimiento). A partir de los hallazgos de la indagatoria, la FNE sostiene la existencia de dos acuerdos en este mercado.
En el primero de ellos habrían participado Faasa e Inaer entre 2006 y 2013, y consistió en la afectación de distintos procesos de licitaciones mediante la distribución de sus ofertas bajo un criterio geográfico y determinación de los tipos de helicópteros, entre otros mecanismos. Tales conductas configuraron un acuerdo único y continuo, a través del cual las partes sustituyeron la incertidumbre propia del proceso competitivo por la cooperación en su actuar en el mercado.
La investigación habría demostrado también cómo los principales ejecutivos en Chile de estas compañías facilitaron la coordinación anticompetitiva y la ejecución de los acuerdos. Así, por ejemplo, entre la evidencia se encuentra un cuaderno de notas incautado desde la oficina de Ricardo Pacheco -quien en el período se desempeñó como gerente de operaciones y gerente general de Faasa- que contiene anotaciones manuscritas que indicarían la existencia de una planificación para efectos de repartir la provisión de distintas regiones del país entre las empresas participantes de una licitación.
En el segundo acuerdo, que afectó un proceso de contratación convocado por Conaf en 2014, habrían participado Faasa y Calquín, también a través de sus ejecutivos: Pacheco, en el caso de Faasa, y Rodrigo Lizasoaín, quien en el período era el principal ejecutivo de Calquín, tras haber ocupado el cargo de gerente general en Inaer entre 2006 y 2013.
En este caso, la FNE detectó evidencia de múltiples contactos sostenidos entre la fecha de apertura y cierre de presentación de ofertas, mediante los cuales Faasa y Calquín habrían diseñado una estrategia común a implementar en sus postulaciones.
Corma valoró investigación
A través de una declaración pública, la Corporación Chilena de la Madera (Corma), valoró la investigación que realiza la FNE.
“Como Corma valoramos la investigación en profundidad que realizó la FNE y que se materializa en este requerimiento al TDLC”, señalaron.
“Cualquier actitud anticompetitiva para sacar provecho económico con emergencias de este tipo que afectan tanto a las personas como al medioambiente, no es aceptable”, destacaron.
Por último, indicaron que seguirán atentamente el desarrollo del caso.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)
