Diputados acordaron un proyecto de resolución, el cual pide que se garantice una mayor competencia en el mercado del gas natural en el Bío Bío.
En ese contexto, la Corte de Apelaciones de Concepción rechazó un recurso de protección interpuesto por Inversiones GNL Talcahuano en contra del Gasoducto del Pacífico, empresa a la que acusa de negarle de manera reiterada un certificado de factibilidad para conectarse a la red, atribuyendo intereses comerciales a esta decisión.
La primera sala del tribunal de alzada penquista desestimó la acción legal interpuesta por GNL Talcahuano, titular de un proyecto de 160 millones de dólares para construir un terminal de regasificación de gas natural en la Bahía de Concepción, el que cuenta hace dos años con Resolución de Calificación Ambiental.
El fallo, que condena en costas a la recurrente, argumenta la extemporaneidad del recurso, por cuando las comunicaciones entre ambas empresas respecto de la factibilidad técnica de conectar el ducto proveniente del terminal hasta la red de propiedad de Gasoducto del Pacífico, datan del año 2011.
El conflicto entre ambas compañías es uno los puntos que alude un proyecto de resolución acordado en la Cámara de Diputados, que pide garantizar mayor competencia en el mercado del gas natural en la región del Bío Bío.
Firmado por 11 parlamentarios, el documento menciona situaciones abusivas que se estarían dando producto de un cuasi monopolio en la industria del gas en la zona, donde -según los diputados- una empresa maneja todo el negocio en sus distintas fases, incluyendo el transporte.
A su vez, se mostraron preocupados por estudios que señalan que las cuentas de gas natural son en promedio un 25 a 30% más altas en la zona que en la región metropolitana y que el alza en los precios ha sido sostenida desde el año 2018.
Consultado el seremi de Energía, Mauricio Henríquez, por la concentración del mercado, respondió que existen cuatro empresas que entregan gas para calefacción, y las garantías están dadas en materia de precios y rentabilidades máximas, lo cual es fiscalizado por la SEC.
El acuerdo de la Cámara establece solicitarle al presidente Sebastián Piñera que -a través del Ministerio de Energía- encargue a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles que elabore un informe, en específico sobre el cumplimiento que ha dado Gasoducto del Pacífico a la exigencia legal de garantizar un sistema de acceso abierto que permita el ingreso de nuevos actores al mercado.
También solicitan que todos estos antecedentes se pongan a disposición de la Fiscalía Nacional Económica, para que investigue y promueva eventuales acciones legales tendientes a sancionar infracciones a las normas que rigen la libre competencia.
