“No vamos a devolver ni un puto peso”. Con esa frase, el director del Sindicato N°1 de la División Chuquicamata de Codelco respondió a una solicitud hecha por otros medios sobre la posibilidad de que los trabajadores devuelvan los bonos que recibieron, ya que, tal como reveló una auditoría, en la cuprífera se inflaron las cifras de producción.
La forma en que opinó el dirigente Alberto Muñoz no fue compartida por otras organizaciones de colaboradores, pero el fondo fue apoyado plenamente.
Los otros sindicatos de Codelco también endurecieron su postura y descartaron devolver los bonos pagados el año pasado, pese a la polémica por las cifras infladas de producción.
Este escenario, además, reabrió los cuestionamientos sobre los controles internos de la estatal y el rol fiscalizador de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).
Según los antecedentes de Cochilco, anualmente, al comparar las cifras de producción en los meses de diciembre, éstas aumentan sistemáticamente en relación a los otros meses del año.
Pero, a partir de 2022, la cuprífera produjo mucho más que durante los otros 11 meses de cada año: 2022, un 32% más; 2023, un 64% más; y 2024, un 62% más.
Portazo de los sindicatos
Sobre los bonos pagados con metas infladas, en total serían US$14,3 millones, lo que equivaldría a un monto promedio de casi $2 millones por 6.322 trabajadores.
La división de Chuquicamata ha sido una de las más aludidas en la polémica.
Hernán Guerrero, presidente del Sindicato Chuquicamata, cerró la puerta a que alguno de los asociados vaya a restituir montos.
“Ellos saben que nosotros no vamos a permitir la devolución de un peso de los trabajadores de la División Chuquicamata; y lo mismo debería ocurrir con todos los trabajadores de la Corporación”, sostuvo.
En el Sindicato N°3, también de Chuquicamata, argumentaron que “los trabajadores no nos hemos embolsado ni un peso que no merezcamos tener (…). Vamos a ejecutar todas las acciones que van en línea de resguardarnos; y demostrar que no le debemos un peso a nadie”.
Producción errónea
En 2025 existió una sobreestimación de la producción que alcanzaría 26.875 toneladas métricas de cobre fino, siendo 20 mil correspondientes a óxidos de la División Chuquicamata; y 6.875 de arsenito de calcio de la División Ministro Hales.
La presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE) de la minera, Tamara Agnic, anunció que si bien no ven necesario cambiar los estados financieros del año pasado, “la corrección de los volúmenes de producción reportados hace necesario recalcular los incentivos variables asociados a dichos indicadores”.
La restitución de los bonos por producción, complementó, la solicitarán “con gradualidad y apego a derecho”.
En paralelo, una investigación que lidera la compañía global KPMG -con motivo de una denuncia recibida en enero de este año- acusó que una serie de dirigentes de la División de Chuquicamata habrían obtenido ascensos irregulares y con ello, mayores sueldos.
Desde el Gobierno, el biministro Daniel Mas opinó que, por estas y otras polémicas, la estatal “está fuera de control”.
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