El "amarre" de funcionarios públicos y financiamiento: Prevén tenso debate en recta final del Gobierno

Entre amarres, dudas sobre su financiamiento y amenazas de la oposición, el reajuste del sector público avanza con dificultades en la antesala para que el proyecto ingrese al Congreso.

En este escenario, los dirigentes que componen la mesa de negociación reconocen un clima de tensión poco habitual en la discusión; y se preparan para reunirse con los partidos políticos y destrabar la tramitación de la ley.

Tensión por “amarres” y reajustes a sector público

El destino del reajuste del sector público enfrenta un camino ripioso para convertirse en ley.

Los llamados “amarres”, desde la Mesa del Sector Público prefieren llamar “protección a la función pública”.

De ahí que el oficialismo y los funcionarios enfaticen en que el 11 de marzo debe haber claridad de que quienes ocupen cargos de confianza directa con este Gobierno, darán un paso al costado.

Consultada por lo que ha pasado las últimas semanas, Gabriela Farías, vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), dijo que en sus años de dirigente nunca vio una discusión así, donde se usará el rol de la función pública para obtener réditos políticos.

Asimismo, adelantó que desde el próximo lunes se reunirán con los partidos políticos para aclarar ciertos puntos.

Paralelo a esto, se mantiene la incertidumbre respecto de si el reajuste venía o no provisionado en la Ley de Presupuesto para el próximo año.

Un argumento de la derecha y que reafirmó recientemente un estudio de la USS que habla de que faltarían más de mil millones de dólares.

Cristina Torres, directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián y exdirectora de Presupuesto, señaló que más de la mitad del gasto no está contenido y aprieta aún más el cinturón de las finanzas públicas.

Alfonso España, investigador de Horizontal, volvió a apuntar a la necesidad de una reforma al empleo público y, aunque agregó que es difícil cuantificar el impacto fiscal de avanzar en las normas de amarre, dijo que se puede “rigidizar” el gasto.

Por último, desde la Mesa del Sector Público señalaron que del total de trabajadores a nivel nacional, el 8% trabaja en el Estado, versus otros países de la OCDE cuya cifra alcanza el 18%.